La justicia es la columna esencial de la República. Cuando el Poder Judicial es incapaz de resolver miles y miles de procesos rápida y eficazmente, surge el caos sistémico que desembocará, tarde o temprano, en una peligrosa crisis de nuestra democracia.
La administración de justicia costarricense se está derrumbando vertiginosamente. La cúpula judicial ni se percata. Los partidos políticos no lo entienden. Ante los reclamos de “pan de justicia pronta y cumplida”, la magistrada presidenta ofrece pastelitos de apelaciones lentas y galletitas de casaciones alambicadas. Ella se relaciona con los periodistas mediante comunicados de prensa; nada más. No da la cara, no acepta entrevistas sobre el colapso judicial y se cubre con el raído telón de la “independencia de los jueces” y la “autonomía de los fiscales”.
La corrupción y el crimen organizado desde hace tiempo contaminan la justicia: oscuras consultorías internacionales de algunos altos funcionarios, un informante de la mafia en una fiscalía, un juez contrató sicarios para matar a otro juez, jueces de garantías querellan policías honestos, el nombramiento magistral de una jueza laboral y la furiosa persecución de una investigadora por su informe sobre los chalecos antibalas, son algunos ejemplos. Y qué decir de los misterios que rodean el fondo de pensiones. No hay dudas, la pulcritud judicial acabó hace varios quinquenios.
Las sociedades tienden naturalmente a la equidad, por una u otra vía. Las decenas de noticias de ajusticiamientos mafiosos, los brotes de linchamientos, la gran cantidad de armas en manos de particulares y los miles de policías privados, delatan la impotencia del Poder Judicial y el surgimiento de la justicia privada.
Los empresarios y banqueros recurren a los arbitrajes, otra forma de privatización de la justicia, muy costosa y digna de ser revisada, aunque una Sala de la Corte Suprema de Justicia es la que dice la última palabra.
Superpoder. En el último tercio del siglo pasado, los partidos políticos fueron creando el Superpoder Judicial de Costa Rica. En 1974, los magistrados y los diputados construyeron el OIJ. El desastre y la corrupción de la vieja DIC fue el motor de esa ley, que don Pepe Figueres vetó y la Asamblea Legislativa reselló. En 1975, el Ministerio Público fue empotrado en la Corte Suprema de Justicia. En 1989, el Tribunal Constitucional quedó injertado en el Poder Judicial. Nuestra Corte Suprema de Justicia es la única corte del mundo que tiene y controla el tribunal constitucional, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Judicial, el Departamento de Medicina Legal y el Departamento de Laboratorios Forenses. El jefe de la Policía Judicial es el jefe de los médicos forenses y de los demás peritos oficiales.
El atraso de la justicia penal es espeluznante. La lentitud con que las fiscalías tramitan los expedientes es tremenda. La fiscalía de fraudes es un icono en el Ministerio Público. Ya hay juicios orales y públicos señalados para el año 2017, pero cuando se trata de juzgar policías, la orden “de arriba” se cumple a rajatabla y el debate es fijado dos meses después del auto de apertura a juicio.
Los contribuyentes, usuarios o no del Poder Judicial, debemos saber cómo se gastan y en qué se aprovechan los miles de millones de colones que nos cuesta ese poder. Sería interesante conocer cuánto cuesta cada fallo que produce la fábrica de sentencias penales, ya que el 90% de las denuncias presentadas por la ciudadanía no obtiene respuesta judicial, y del 6% que llega a juicio, solo la mitad es condenada, es decir, solo tres de cada cien imputados llegan a ser condenado. Tratándose de homicidios dolosos, la mitad no es sancionada. En robos, el 98% de los casos no es condenado. La justicia penal costarricense es carísima, ineficiente e injusta para las víctimas.
Somos el único país del mundo donde los sospechosos de cualquier delito no pueden ser interrogados por la policía. El artículo 98 del Código Procesal Penal prohíbe, desde hace 17 años, que los policías interroguen a los detenidos, aunque sus declaraciones no tengan valor probatorio y sean importantes para la investigación. Los agentes del OIJ no pueden preguntarle a un encartado dónde está la chiquita que sustrajo. Sólo en Costa Rica. Basta comparar las estadísticas antes y después de 1998, antes y después del 2012, para observar el error magistral que desbarató y encareció la justicia penal.
Necesidad de cambio. Si realmente queremos Justicia para nuestros hijos y para nuestros nietos, ya es hora de que la Asamblea Legislativa investigue y pida cuentas al Poder Judicial, lo conozca bien y se atreva a reconstruirlo de una vez por todas.
El Poder Judicial debe volver a su cause republicano. La Corte tiene que encargarse sólo de la administración de Justicia. Los magistrados deben ser jueces de impecable carrera, de más de 50 años de edad, electos por cinco años y pueden ser reelectos sólo por otro período. Es importante que las juezas y los jueces de excelente trayectoria puedan tener acceso a esos cargos, renovando la magistratura y siendo capaces de refrescar la jurisprudencia. El consejo superior del Poder Judicial debe ser integrado por miembros electos por la Asamblea Legislativa, sin magistrados y con la potestad de nombrar a toda la judicatura por méritos demostrados; la Inspección Judicial estará a su cargo para que funcione eficazmente.
La Sala Constitucional debe ser autónoma, y sus miembros no formarán parte de la Corte Plena. Hasta podría fusionarse con el Tribunal Supremo de Elecciones, para que sea una sección que se encargue de esa área. Los jueces constitucionales serán juristas destacados y de intachable trayectoria ética y profesional, de más de 50 años cumplidos y nombrados por períodos de cinco años, pudiendo reelegirse y con obligación de jubilarse a los 65 años.
El Ministerio Público y la Policía Judicial conformarán un ente autónomo, semejante a la Contraloría General de la República, y sus jerarcas serán nombrados por la Asamblea Legislativa por iguales períodos que el contralor.
Los Departamentos de Medicina Legal y de Laboratorios Forenses conformarán el Instituto Costarricense de Ciencias Forenses, adscrito al Consejo Nacional de Rectores, para así preservar la imparcialidad y la pureza de sus peritaciones, sin influencias de ninguna clase.
La Defensa Pública pasará a la Defensoría de los Habitantes, que es el espacio institucional que lógicamente le corresponde.
La cúpula magistral, hoy poderosa y vitalicia, ya no tiene imaginación, ni creatividad, ni fuerzas para dirigir el monstruoso aparato creado el siglo pasado por los partidos políticos. Es incapaz de proponer y liderar los cambios indispensables, poniendo en peligro nuestra democracia y provocando zozobra y frustración en la sociedad civil.
La Corte debe volver a sus funciones naturales: administrar justicia como corresponde en estos primeros años del siglo XXI, con sus tres salas, 15 magistrados y el presupuesto indispensable para sus menesteres.
Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa tienen la palabra: asumir el reto del cambio o responsabilizarse del desastre que se avecina. El pueblo hoy solo pide pan de justicia.
El autor es abogado.