Después de una semana de reportajes con fuertes cuestionamientos sobre los pluses salariales en el sector público, defenderlos o tratar de explicarlos pareciera una tarea no solo imposible, sino casi casi titánica; y esto es más difícil aún si la explicación proviene del seno del Poder Judicial, institución en la que, según los últimos titulares, se “inflan” los costos salariales prácticamente de una forma antojadiza.
Pero no responder a publicaciones que sugieren que la administración de justicia está sobrepagada sería, además de peligroso, un riesgo y un lujo que la democracia costarricense no puede darse.
Puede ser que en el Poder Judicial haya salarios base y rubros por dedicación exclusiva y carrera profesional que son competitivos, además de una variedad de incentivos específicos, pero estos no pueden ser descalificados per se sin tomar en cuenta las particularidades de cada uno y la complejidad y variedad del personal que se necesita para el ejercicio de la función judicial.
La Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación, en su reportaje del 2 de noviembre, concluye que en la última década el Poder Judicial fue el ente del Gobierno Central con el mayor aumento porcentual en su presupuesto de incentivos y que, aunque el resto de entidades aumentaron sus salarios base, crearon plazas y aprobaron nuevos pluses, ninguna como el Poder Judicial.
Lo que el estudio no menciona es que, durante ese período, al Poder Judicial se le asignaron nuevas responsabilidades con la aprobación de leyes y reformas que trajeron un incremento en el presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa y que el aumento de la planilla no se puede comparar con el del resto de las instituciones estatales.
Tampoco cita que, desde el 2006 y hasta hoy, la administración de justicia ha tenido que asumir el costo económico que significó el Proyecto de Seguridad Ciudadana, Flagrancia y Ley de Protección a Víctimas y Testigos, lo cual tuvo un efecto directo en el crecimiento de más personal durante la última década.
En el 2006, en el Poder Judicial se contaba con 7.789 plazas y, en la actualidad, con 11.869; es decir, 4.080 puestos más, lo que representa un 52% de crecimiento en estos diez años.
Al haber más personas trabajando, indiscutiblemente hay un impacto directo en el incremento del presupuesto por pluses salariales y no puede asegurarse que es el producto de una “inflación” de componentes salariales.
Diversidad y capacitación. También es importante destacar que, hasta ahora, los incentivos han sido una de las formas más eficaces que ha tenido el Poder Judicial para asegurarse la mantención de la calidad y estabilidad de su personal humano.
Esto es crucial, dado que, por la naturaleza compleja y sensible del servicio de administración de justicia, el personal debe ser muy diverso y calificado.
Para poner solo un ejemplo: para trabajar en alguna institución pública como profesional en Derecho, el requisito es el mismo: tener título universitario y estar incorporado al colegio profesional respectivo.
Pero para desempeñarse en la judicatura, fiscalía y defensa pública, además del título, las personas deben desarrollar capacidades y ejecutar tareas que no se obtienen en la universidad.
Esa preparación la brinda el Poder Judicial y es un proceso que requiere inversión en tiempo y dinero. Con los pluses, lo que se busca es incentivar a que esta persona capacitada permanezca en la institución el mayor tiempo posible.
Igual sucede con los profesionales en Medicina, Biología, Química, Sicología y Psiquiatría del Complejo Médico Forense y agentes del Organismo de Investigación Judicial, entre otros, quienes deben someterse a un proceso de selección, capacitación e investigación de antecedentes muy riguroso.
Además de estas capacidades, para ejercer el puesto hay que tomar en cuenta que la información de expedientes judiciales es sumamente sensible y su manejo se puede ver afectado si hubiera alta rotación del personal.
En contraste con la mayoría de las instituciones estatales, el personal judicial –entiéndase representantes del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Judicatura y las áreas técnicas– debe garantizar un servicio continuo de 24 horas, los 7 días de la semana, con cobertura en todo el territorio nacional.
Esto con el fin de enfrentar la criminalidad organizada, el narcotráfico, los homicidios, la violencia doméstica y los delitos contra la propiedad, entre muchos otros.
Esta particularidad no puede obviarse, y significa que a estas personas se les debe retribuir salarialmente por las implicaciones de la dinámica laboral, con un costo en los salarios y sus componentes.
Austeridad. Aun con todas estas particularidades y el aumento de plazas mencionados arriba, el Poder Judicial ha logrado reducir su planilla de un 88% a un 82% en los últimos ocho años. Y, desde hace cuatro años, emplea políticas salariales de austeridad que están sustentadas en tres principios: pago de la inflación acumulada, consistencia interna y estudio del mercado salarial.
Hemos apostado por la eficiencia en el uso de los recursos con el rediseño en despachos y nuevas tecnologías, lo que ha permitido destinar recursos a nuevos proyectos sin dejar de lado las políticas restrictivas para disminuir el gasto.
También presentamos ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de evaluación de desempeño para todas las áreas de este Poder.
El autor es director de Gestión Humana del Poder Judicial.