El primero de mayo casi todo el día pasé pegada al televisor para ver de primera mano el desarrollo político de la fecha. Escuché atentamente a los jefes de fracción referirse a sus agendas respectivas, todas muy importantes; escuché al presidente hablar de sus logros y de sus prioridades para este próximo período, y me alegró sobremanera que por primera vez en los últimos diez años el presidente se refiriera, en general, a los problemas ecológicos de la nación, pero fue el Frente Amplio el único partido político que consignó entre sus prioridades la aprobación del proyecto de reforma constitucional para hacer del agua un bien demanial.
En momentos en que la sequía amenaza al planeta y el cambio climático reta directamente la sostenibilidad de la vida humana, el tema del agua debería ser prioridad nacional.
Cuando ocupé el cargo de defensora adjunta de los habitantes, hace 15 años, tuve por delegación del defensor la responsabilidad de ocuparme del área de calidad de vida.
Eran tiempos del desarrollo del polo turístico de Papagayo, que debía regirse por su ley específica, pero cuyos términos no se cumplían cabalmente. Tiempos en que se consideraba la importancia de la OMC y se vislumbraban las posibilidades de distintos tratados de libre comercio.
El recurso hídrico, entonces abundante, se avizoraba conflictivo para el futuro, si no se tomaban medidas que permitieran planificar su uso y sostenibilidad.
En la Defensoría, el tema cobraba importancia por cuanto el turismo avanzaba claramente a ocupar uno de los primeros lugares como posible contribución nacional al PIB. Entonces, la escasez del recurso en las zonas costeras del Pacífico no era grave, pero el desarrollo turístico e industrial del país, conjuntamente con las necesidades de salud y trabajo de los pueblos, reclamaban la planificación cuidadosa de la utilización y reposición del recurso hídrico. Nuestra voz se levantó claramente en ese sentido, pero no fue atendida por los gobiernos de turno.
Proyectos. Fui diputada durante los años 2002-2006 y dos proyectos ocuparon de inmediato mi atención: la presentación de la reforma constitucional para hacer del agua un bien demanial y la reforma al Código de Trabajo para homogenizar los beneficios laborales de los empleados públicos.
El primero vio la luz en un proyecto que recibió la aceptación de numerosos compañeros de todas las fracciones. El segundo, que consistía en homogenizar los salarios públicos y poner coto a las convenciones colectivas que amenazaban fuertemente las finanzas públicas, no corrió igual suerte. Apenas se inició la discusión del anteproyecto, los sindicatos se levantaron en contra, y mis compañeros diputados no quisieron proseguir porque tendría un alto costo político. Finalmente, no lo presenté a la corriente legislativa.
Hoy, tres administraciones después, es fundamental insistir en la necesidad urgente de consignar en la Constitución Política la demanialidad del agua. En primer lugar, porque con ello garantizaremos que no se aprobará ningún tratado comercial que intente disponer libremente de la exportación del agua. En segundo, porque la demanialidad garantizará que el Estado, por Constitución Política, planifique adecuadamente la sostenibilidad, pureza y salubridad del recurso y otorgue las concesiones para su utilización.
En tercer lugar, porque el Estado garantizará, como le corresponde, que en caso de escasez de agua en nuestras cuencas, las comunidades y los habitantes tendrán prioridad sobre la actividad económica que descansa en el recurso.
El acceso al agua, igual que el derecho a la salud, son caras de la misma moneda.
Tiempo perdido. Quince años han pasado desde entonces. Las leyes no han cambiado, pero las situaciones se han empeorado. El agua es cada vez más escasa en Guanacaste y no se están tomando las medidas protectoras adecuadas; las comunidades deben comprar agua –cuando tienen los recursos– a los que la venden, y algunas aguas están tan contaminadas que no garantizan la salud, ni el bienestar, ni la sostenibilidad de las comunidades ni tampoco de las inversiones turísticas y agrícolas de la zona, rica en potenciales semejantes.
Es evidente que a los costarricenses no nos gusta planificar, ni nos gusta cumplir las leyes, ni tampoco tomar decisiones que nos permitan evitar desastres, que sin duda sobrevendrán si no trabajamos claramente para evitarlos.
Hoy, el asunto de la sostenibilidad del recurso hídrico no es solo de Costa Rica. Es asunto mundial: estamos ante el desastre de un cambio climático que será catastrófico para la tierra y todos sus habitantes, pero no queremos tomar decisiones para mitigarlo mediante medidas preventivas.
Mucho de egoísmo nos mueve: no queremos dejar de obtener las ganancias enormes que hacemos con los recursos naturales para invertir un poco de ellas en la internalización de los costos, y garantizar así su sostenibilidad. Mucho de ignorancia también: pocas personas se han interesado en conocer la realidad del recurso hídrico nacional.
Sobrevendrán enormes cambios en la tierra y la vida humana tal vez se perderá. Otra vez comenzará la evolución de las especies y el universo seguirá su marcha. Fuimos entonces apenas un instante en el universo. ¿A quién le importará?
Pienso que el proyecto de la consignación de la demanialidad del agua en la Constitución Política tiene sentido.
Al menos, sentido para este instante, para nuestros valores, nuestros principios solidarios, nuestra inteligencia, nuestra razón, aunque solo sea para este segundo brevísimo que vivimos en el universo.
*La autora es filósofa.