La noticia es, ahora, que la Asamblea planea construir dos torres. Esta nueva propuesta de diseño para el edificio legislativo no es más que el corolario de la incompetencia de la gestión anterior y otro intento por llevar a cabo esta importante obra.
Ninguno, todos, nadie, se “acordó”, en su oportunidad, de que hacía falta recabar la opinión del Centro de Conservación del Patrimonio para avalar el diseño del proyecto ganador, el cual fue adjudicado sin ese veredicto obligatorio.
El negativo impacto del edificio sobre el espacio patrimonial no fue observado por el jurado, lo cual le valió el posterior fallo adverso, demostrando una inusual impericia.
Mientras se discutía, entre otras cosas, con manifiesto desdén, la posibilidad legal de hacer caso omiso a la opinión autorizada del Ministerio de Cultura, se realizaron trabajos iniciales, estudios técnicos, asesorías varias que, junto con el tiempo perdido (dos años), generaron costos difíciles de evaluar.
Se habla, ahora, de un nuevo edificio, en un espacio que no compromete el patrimonio histórico, en un lote que pudo haber estado disponible en su momento, sin que generara los evitables y costosos inconvenientes del anteriormente escogido.
Según las noticias, el Banco de Costa Rica acordó otorgar el nuevo diseño de la Asamblea Legislativa al grupo ganador (?) del proyecto abortado sin que se conozcan las razones válidas de ese acuerdo. Lo que se sabe es que costará menos que el otro y se construirá en menos tiempo. Dos razones que no nos sirven para entusiasmarnos con un diseño incierto.
Es inevitable la desconfianza que genera una situación en la que no se conocen los entretelones de un acuerdo atípico, donde se manejan delicados temas de diseño urbano arquitectónico. Aunque no podemos tildar de ilegal la decisión del Banco, sí da al traste con la credibilidad de los futuros concursos de arquitectura en Costa Rica y deja un mal sabor a los pasados concursantes que, en este caso, sí creyeron cumplir con los requisitos del cartel.
*Jorge Grané es arquitecto.