Parece no haber discusión respecto a la importancia que la inversión extranjera directa (IED) tiene para potenciar el desarrollo en países de menor desarrollo relativo y limitada capacidad de ahorro interno, como el nuestro. Como lo demuestra la experiencia exitosa de países como Corea del Sur, Israel e Irlanda, la IED puede contribuir significativamente con niveles de crecimiento sostenidos en el largo plazo, cuando esta se enmarca dentro de una política de desarrollo estratégica.
Hoy nos parecería irreal pensar que Corea del Sur era en la década de los 1940 un país tan subdesarrollado como la Costa Rica de esa época; un país eminentemente agrícola y con niveles de desarrollo económico y humano muy bajos.
Durante la segunda mitad del siglo anterior, los países latinoamericanos se embarcaron en la aventura de atraer inversión extranjera bajo el lema “entre más, mejor”, sin reparar en el tipo de inversión y en su impacto sobre el resto de la estructura productiva nacional y sobre el medio ambiente. De tal forma, en un primer momento dicha inversión se ubicó en actividades mayoritariamente de extracción de minerales, altamente intensiva en la explotación de los recursos naturales, escaso valor agregado y sin transferencias significativas de conocimiento científico y tecnológico.
En un segundo momento y vinculado con las políticas de reforma económica de las décadas de 1980 y 1990 en la región, tenemos evidencia que nos indica que la mayor parte de la inversión extranjera en esos veinte años ingresó por concepto de privatizaciones masivas de activos públicos. Este tipo de inversión tampoco generó mayores externalidades positivas, toda vez que se basó en la compra de infraestructura ya hecha, con lo que los efectos directos e indirectos sobre el resto de la estructura productiva fueron insuficientes como para promover el desarrollo de núcleos endógenos de industrialización y derrames tecnológicos en beneficio de las inversiones nacionales.
Costa Rica se encuentra en un momento histórico en el cual puede sacar provecho de sus múltiples ventajas competitivas de localización para identificar núcleos de desarrollo con alto potencial (componentes tecnológicos, servicios médicos, turismo residencial, energías limpias, biocomercio, entre otros) y luego definir una estrategia de atracción de IED para el desarrollo de estos.
La atracción de dicha IED debe orientarse por medio de políticas que promuevan la transferencia tecnológica y know how (derrames tecnológicos), calificación del recurso humano nacional, formación de capital físico (creación de infraestructura) y encadenamientos con proveedores nacionales, preferencialmente pymes.
Mejorar la estrategia. De lo que se trata es que el país tenga una estrategia de atracción de IED que se oriente por el objetivo de mejorar los niveles de competitividad sistémica y la generación de mayor empleo productivo de nuestra economía. Esta política es opuesta a la atracción de IED orientada a sacar provecho de estándares laborales y ambientales bajos, los cuales promueven un tipo de competitividad espuria, con baja calificación y remuneración del recurso humano, y falta de compromiso y responsabilidad ambiental.
En el contexto actual de globalización y apertura económica nuestro país enfrenta la disyuntiva de hacer los cambios institucionales requeridos para poder participar con éxito en la nueva dinámica de la economía mundial. Dentro de dichos cambios, se hace indispensable partir de una estrategia de desarrollo que oriente las políticas públicas hacia la consecución del ciclo virtuoso entre crecimiento y desarrollo humano, entendiendo que el primero es un medio para alcanzar el segundo.
La meta de promover una transformación productiva con equidad debe ser piedra angular en el diseño de una estrategia de desarrollo que pueda articular mayores demandas intersectoriales y generar mayores encadenamientos productivos, tanto con los mercados internacionales como con el mercado interno. La IED bien orientada puede contribuir con dicho imperativo.