Lamento mucho las declaraciones ofensivas del presidente, en la conferencia de prensa del miércoles, contra un funcionario que actúa apegado al marco legal establecido.
Pero debo decir que tiene razón: tuve varias reuniones sobre el proceso tarifario para la revisión técnica vehicular, asesoré y advertí a diferentes funcionarios sobre los procedimientos normados por ley para este tipo de fijaciones y nuestro rol como regulador, razón por la cual me mantuve firme en el papel que desempeño.
En la reunión con el presidente, donde estuvimos el regulador general, Eric Bogantes, y yo, su solicitud nunca fue no cobrar las tarifas de reinspección, sino que se debía dar una tarifa de reinspección porque, de lo contrario, la empresa no daría el servicio y se marcharía del país.
Como podrán constatar en la resolución RE-0087-IT-2022 del 12 de agosto del 2022, en esta ocasión la intendencia no fijó tarifa de reinspección por falta de datos, y todos los costos asociados al servicio se le asignaron a las tarifas de inspección.
La tarifa de reinspección se estableció por instrucción de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y en su aplicación se mantuvieron los costos asociados al servicio más el 11,03 % de rentabilidad, según la resolución RE-0101-IT-2022 del 19 de octubre del 2022.
La fijación de tarifas no se realiza por favores, manoseos o intervenciones políticas, sino por medio de un proceso técnico, normado y participativo, donde los datos son fundamentales para establecer los precios de los distintos servicios públicos.
La fijación de tarifas es materia técnica, y no política, de ahí que la Aresep sea independiente del Poder Ejecutivo para evitar todo tipo de captura regulatoria.
La fijación de tarifas está separada del Gobierno Central, como una buena práctica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que por amiguismo o intereses ocultos existe el riesgo de favorecer a un tercero, y en esta ecuación los usuarios son el eslabón más débil.
Es importante indicar que la empresa Dekra nunca solicitó la gratuidad de una tarifa, de acuerdo con un documento emitido por su director, Peter Villari, porque tenía claro que el servicio se brinda según los costos operativos y financieros, e inversiones más una rentabilidad.
Así las cosas, tiene razón el presidente: en la Aresep nos apegamos a la legalidad, la técnica y las buenas prácticas regulatorias, de acuerdo con la legislación.
El autor es intendente de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).