El pasado 10 de junio, La Nación tituló en su primera plana: “Ineficacia del AyA tiene el Valle Central a secas”, y se resaltó con una frase justamente atribuida a mí: “El AyA es una bomba de tiempo, al igual que el manejo del recurso hídrico. El modelo de gestión y administración es un desastre”.
Ciertamente, la periodista utiliza la frase dentro de un contexto que no corresponde a la realidad, y se preocupa más por reafirmar sus juicios de valor sobre subjetivas apreciaciones en nuestro actuar, cercenando los argumentos que vehementemente me serví declararle. Esta manía de periodistas que se atribuyen el derecho de obviar –en razón de los intereses propios o de quién sabe quién diantres en la Redacción– los argumentos de fondo es la costumbre, en lo que parece ser la línea que se les ordena llevar, o bien lo hacen adrede para desinformar.
Lo cierto es que, dada la noticia y la eventual complacencia del entrevistado –o los entrevistados–, se emite una información carente del derecho a ser respetado en las manifestaciones hechas por el entrevistado, y coartando, con ello, la verdad real de los hechos. Una especie de tiranía de la opinión, prevaleciente en razón a la discrecionalidad de quien usa la pluma para (des)informar.
La frase consignada en primera plana la utilicé con vehemencia, como también los argumentos sobre los cuales se desistió entonces de un engorroso proceso heredado, que duró más de 40 meses entre conflictos, recursos, apelaciones, denuncias que iban y venían a la Contraloría General de la República, y que enfrentaron a las empresas entre sí y con el AyA. Sin duda alguna, los probables términos de referencia inexactos, las ofertas no menos inexactas de las empresas y la maraña de argumentos que se debatieron entonces no podían permitirnos el lujo de quedarnos con los brazos cruzados, esperando a que se resolviera mediante milagros lo que nació como un entuerto.
Nuestra responsable labor de entonces fue determinante, desde mi inicio como presidente ejecutivo: Debíamos designar a la infinidad de técnicos e ingenieros con que cuenta la administración para que, de inmediato, realizaran un inventario de las condiciones de todos y cada uno de los sistemas del AyA a lo largo y ancho del país. Estábamos en la obligación de no cruzarnos de brazos y debimos actuar. El análisis tenía que ver con fuentes de recurso hídrico existentes, explotación y sobreexplotación (incluso no autorizada) de mantos acuíferos, para lo cual rastreamos en todo el país los pozos legales e ilegales que existían. El proceso tenía que ver con la realización de un inventario de los costos de la inversión en todos y cada uno de los sistemas para rehabilitarlos y proyectarlos a la demanda.
Además de eso, llevamos por primera vez al Consejo de Gobierno la proyección del rezago en materia de inversiones, y presentamos los estudios sobre aquellos sitios, en todo el país, en que no había capacidad hídrica con los actuales sistemas. De inmediato, la presidenta Chinchilla incluyó al AyA en el Consejo Presidencial responsable de inversiones e infraestructura. Para entonces, si había confusión en los términos de referencia de la licitación, objeto del artículo publicado por las periodistas Mercedes Agüero y Hassel Fallas, a estas alturas esos términos se habían quedado más que desfasados.
Haber continuado con una disputa por meses más e hipotéticamente haber adjudicado, si algún día la Contraloría daba la venia a los alegatos de alguna de las empresas –a alguna de ellas–, habría sido no solo irresponsable, sino que el erario público habría perdido decenas de millones en productos que, ya para entonces, los técnicos habían generado, y que, por estar contratados, la empresa los habría cobrado. Pero no solo eso, ya estaba más que superada por los análisis realizados por el AyA la discusión de lo que debíamos realizar a lo ancho y largo de nuestros sistemas.
La manía de estar contratando todo lo que cientos de ingenieros –sí, cientos de ingenieros con que cuenta el AyA– pueden determinar dentro de tan calificado recurso humano, reúne no menos intereses que las dudas por las razones que motivan estas onerosas contrataciones.
Termino manifestando que, a todas luces, es inexacto y antojadizo manifestar que, al renunciar a continuar con la disputa entre las empresas por hacerse del cartel de licitación, se haya abandonado la posibilidad de explorar nuevas fuentes de recurso hídrico, o que hubiéramos optado por un plan de corto plazo y menor alcance. Ello es ofensivo y falto a la verdad. Ya entonces habíamos proyectado un ambicioso plan de inversiones como nunca en la historia se había cuantificado y estudiado sobre todos los sistemas que operaba la institución. Esa es la verdad de esta corta historia que, en el devenir del tiempo, correspondía continuar con el esfuerzo de las nuevas autoridades. Aún falta mucho por hacer.
Óscar Eduardo Núñez Calvo, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.