La discusión sobre el déficit fiscal ha permitido a algunas personas la posibilidad de disfrazar posiciones ideológicas como una preocupación inocente sobre las finanzas públicas.
Aprovechándose del clima de indignación prevaleciente alrededor de algunos abusos, sobre todo en materia de remuneraciones extraordinarias, pretenden hacer pasar con la piel de oveja de los “datos”, a los lobos de las ideas del desmantelamiento del Estado.
Para empujar esta visión, el camino pasa por atribuir responsabilidades a los gobiernos del signo ideológico que más adversan. En este caso a los del Partido Liberación Nacional, específicamente, a los del período 2006-2014, en los que, desde esta perspectiva ideologizada, se encuentra el origen de la situación actual.
Un ejemplo es la recurrente acusación de que el Plan Escudo, concebido y puesto en práctica en el gobierno de Oscar Arias, es responsable del déficit fiscal por haber aumentado el empleo y el gasto público.
Primero, hay que decir con absoluta claridad que ninguna de las 31 acciones contenidas en los cuatro ejes del plan incluía mención alguna a un aumento del empleo público. No hay ambigüedad ni confusión.
La única mención que se hace sobre creación de empleo en el discurso de presentación del presidente Arias se refiere a la posibilidad de hacerlo mediante el aumento de la inversión pública, para lo que, entre otras medidas, dejó aprobado un crédito de $850 millones para infraestructura que todavía se está ejecutando.
Y lo que sí generó un aumento recurrente del gasto estaba más que justificado. El aumento en pensiones del régimen no contributivo, que favoreció a los más pobres, de ¢15.000 mensuales a poco más de ¢100.000, no debería ser siquiera objeto de discusión. Tampoco el incremento en la cantidad de becas de Avancemos, que contribuyó a que la deserción en secundaria disminuyera casi un 5% en el período 2006-2014.
Creación de plazas. La otra acusación es, y se utilizan datos seleccionados para esto, que hubo un aumento desmedido de la planilla del Estado. Para sustentarla, mencionan cifras que mezclan cosas que no deberían mezclarse.
Para comenzar, convengamos en que para efectos del cálculo del déficit los únicos empleos que cuentan son los creados por el Gobierno Central, en tanto los de las instituciones autónomas no inciden en el déficit.
Dicho esto, habría que agregar que lo importante no es la cantidad de personas contratadas, sino el número de plazas que se pagan. Al Estado le cuesta lo mismo tener 10.000 personas contratadas a tiempo completo, que tener 20.000 a medio tiempo.
Así que la cantidad de trabajadores puede ser engañosa, si lo que se quiere es hablar del gasto, siendo mejor para estos efectos analizar la cantidad de plazas creadas.
Y ahí el argumento del aumento desmedido del empleo público choca con la realidad. Entre los años 2006 y 2013 fueron creadas 22.520 plazas, alrededor de 18.000 en ministerios y poco menos de 4.000 en el resto de los poderes (Asamblea, TSE y Poder Judicial).
¿Para qué se abrieron esas plazas? De las 18.000 creadas en el Gobierno Central, 16.950 corresponden a educación y 3.900, a seguridad. O sea, 20.850 más educadores y policías, ni más ni menos.
Estamos hablando entonces de 22.500 plazas en ocho años, dedicadas mayoritariamente a educación y seguridad.
Curiosamente, los detractores de los gobiernos Arias y Chinchilla no mencionan que en el período 1998-2006, en las administraciones Rodríguez y Pacheco, se crearon 24.000 plazas.
Esos ocho años, aparentemente, no quebrarán a Costa Rica. Los de los gobiernos liberacionistas sí.
Claro que estas seguirán siendo cifras inaceptables para quienes más bien quisieran que el Estado dejara de brindar servicios en aras de un equilibrio fiscal que no implique aumento de impuestos.
No parecen haberse enterado de que la época de recortes a la inversión social es cosa del pasado.
Incremento en salarios. El otro asunto es el del aumento del gasto en salarios. Y aquí tampoco nos vamos a poner de acuerdo. Porque para quienes no creen en el Estado, cualquier gasto en este campo es excesivo.
Efectivamente, hubo un aumento a la remuneración de los profesionales como una forma no solo de contar con salarios competitivos para detener la fuga de profesionales que sufría el Gobierno Central en ese momento, sino como un acto de justicia para quienes hacen el esfuerzo de mejorar su preparación académica. Si queremos un buen Estado, debemos contar con profesionales justamente remunerados. Y eso fue lo que se hizo.
Esto no significa, por supuesto, que debemos aceptar los abusos o que no debamos tomar medidas para atenuar el crecimiento del gasto en salarios, espoleado por pluses excesivos, como se trató, sin que nadie saliera a apoyar las propuestas, en los gobiernos liberacionistas.
Pero de ahí a aprovechar el tumulto para empujar una agenda que tiene como propósito el debilitamiento del Estado, hay un modelo solidario de diferencia.
El autor fue ministro de Planificación.