Nadie niega el positivo valor de las buenas intenciones, pero estas, sin conocimiento, suelen originar frecuentemente grandes desastres. Tratar de mejorar el Incopesca es una buena intención, pero fortalecerlo sin previamente reestructurarlo terminará mal.
Su fortalecimiento no es un asunto de dinero. Inyectarle más recursos ha causado desastres. Recordemos la reciente anulación del préstamo por $75 millones que habíamos recibido del Banco Mundial para fortalecer la actividad pesquera.
El Incopesca no fue capaz de ejecutarlo y, en palabras del mismo ministro de Agricultura, hubo un uso ineficiente de los recursos. La incapacidad institucional le costó al país $1,2 millones.
Un proyecto de ley (expediente 24263) recientemente presentado pretende, por la vía de una nueva modificación a la ley de pesca, dotarlo de nuevos recursos financieros y desviar fondos, que actualmente van a las universidades, hacia el Incopesca.
¡Cómo si el problema en el Incopesca fuera solo la ausencia de recursos financieros! El proyecto debilita la ya débil función de investigación pesquera de las universidades estatales, al reducir los presupuestos designados para tal fin y trasladarlos al Incopesca.
El objetivo del cambio es asignar los fondos a la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con el fin de “continuar... con el fortalecimiento, mejoramiento y fiscalización de todas las actividades pesqueras a través de estudios técnicos y científicos”.
La capacidad investigativa del Incopesca ha sido, durante muchos años, cuestionada. Su deficiencia está no solo asociada a la falta de fondos, sino también a la idoneidad de su recurso humano y el dominio dentro del Incopesca de los criterios políticos y sectoriales sobre los científicos. Gastar dinero en la estructura actual es como echar agua en un canasto.
Recientes y fallidas acciones de la institución muestran la incapacidad investigativa del Incopesca. Están frescas en la memoria del público costarricense la emisión de listas de especies de interés pesquero sin respaldo técnico, la ejecución de proyectos para restablecer la pesca de arrastre sin diseño o implementación científica, o las disposiciones para usar carnada viva sin adecuadas justificaciones.
Todos ellos han tenido que ser derogados por el mismo Incopesca (tras las críticas de múltiples sectores) o suspendidos por tribunales a raíz de sus deficiencias metodológicas.
El proyecto propone, además, establecer nuevas funciones al Incopesca, tales como la de promover programas de limpieza y servicios ambientales en el mar.
Es obvio el traslape jurisdiccional con el Ministerio de Ambiente, el cual se repite al otorgar al Incopesca la potestad de definir la autonomía de las embarcaciones de pesca; función hasta hace poco bajo la potestad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
El desconocimiento sobre este campo es evidente. Se habla de producción pesquera, cuando la pesca es una actividad típica de explotación y no de producción. Se aspira a que una especie pesquera sea definida como “aquella especie marina que pueda ser aprovechable comercialmente tanto en el mercado nacional como en mercados extranjeros”.
Se ignora que la pesca no solo se realiza en el mar y se omiten criterios de sostenibilidad en esa definición, sin hablar de estudios previos que demuestren la sostenibilidad de la explotación. ¡El único criterio presente es “que pueda ser aprovechable comercialmente”!
Es innegable que el país está urgido de una institución competente, poseedora de criterios científicos y técnicos que rijan nuestra pesca y acuicultura, pero es obvio que la que tenemos no cuenta con las capacidades ni los recursos necesarios.
Trasladarle más recursos financieros y asignarle más funciones en su estado actual no harán que cumpla su cometido.
jorge.jimenez@marviva.net
El autor es ecólogo marino.