Las diferencias sustanciales entre los precios de importación de los vehículos eléctricos y los cobrados al consumidor que, en por lo menos un caso, superan el 76 %, demuestra que los beneficios fiscales no se han traducido en menores precios para los compradores.
Los incentivos fiscales tienen el objetivo de inclinar la decisión de compra hacia los autos eléctricos al reducir su costo y, con él, la incertidumbre en la adopción de una nueva tecnología.
En el diseño de toda medida económica deben valorarse los costos contra los objetivos, es decir, la eficiencia y eficacia en alcanzar las metas.
El mayor impacto en esta dirección se obtiene al asegurarse de que el incentivo lo reciba al eslabón de la cadena cuyo comportamiento se desea modificar, en este caso, la demanda o los compradores.
En lo que a vehículos eléctricos se refiere, los incentivos fiscales no solo no los recibe el comprador, sino que la intermediación del importador impide a este ver que el beneficio ayuda a promover la tecnología, como lo pretende el estímulo fiscal.
Con una matriz de generación de electricidad casi enteramente renovable, Costa Rica está en una posición privilegiada para promover la descarbonización de su economía mediante la electrificación del transporte, que representa el 70 % de las emisiones.
Para aprovechar esta realidad, se emitieron políticas con el fin de impulsar la movilidad eléctrica, que incluyeron la promoción de una red nacional de recarga, la emisión de tarifas promocionales para la carga de vehículos privados, tarifas para estaciones de carga en planteles de los servicios de autobús, acceso a espacios de parqueo preferentes y no sujeción a la restricción vehicular.
También se aprobaron los incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos privados mediante la Ley 10209, que incluyen la reducción temporal y escalonada de impuestos a la importación y sobre el valor agregado.
La eficacia de los incentivos fiscales podría mejorar con la aplicación de los beneficios al comprador en la forma de reembolso por los impuestos pagados, como lo propuso recientemente el Poder Ejecutivo y que es la práctica en otros países.
Pero también si se aplican medidas que provean transparencia sobre lo que recibe el comprador, mediante la reducción de los impuestos al momento de la compra, una medida que, de acuerdo con el International Council on Clean Transportation (ICCT), proporciona una herramienta de venta para las agencias y de decisión de compra para el consumidor.
La reducción al momento de la transacción tiene la ventaja adicional de ser inmediata, sin tener que esperar ni realizar los trámites adicionales que un esquema de reembolso implicaría.
En una situación fiscal precaria como la costarricense, el uso de incentivos fiscales debe hacerse de manera juiciosa. La nota periodística publicada en La Nación del 12 de marzo (”Autos eléctricos se venden hasta en un 76 % más de su precio de internamiento, según el MEIC”) revela que la eficacia del esfuerzo del Estado para promover la movilidad eléctrica debe mejorar y que bien vale la pena repensar el esquema de incentivos para dirigirlos hacia los compradores, quienes hacen la inversión y asumen el riesgo en la adopción de la nueva tecnología.
juan.martinezpiva@outlook.com
El autor es economista y docente universitario.