Hay quienes mediante discursos demagógicos y populistas no se cansan de inculpar al Código Procesal Penal vigente y –principalmente– a su estándar de derechos y garantías como los responsables de la impunidad criminal; no obstante, las razones que se arguyen aparte de ser injustas son totalmente desatinadas.
Los críticos proponen como “solución” falaz, dizque para que no haya más impunidad, reducir el conjunto de derechos y garantías porque –según ellos– con estos “se favorece” al delincuente y “se perjudica” a la víctima. Entre otras cosas, algunas descabelladas, proponen que la policía pueda libremente interrogar a los sospechosos de delinquir porque –supuestamente– nuestro país es el “único país del mundo” donde los policías no pueden interrogar a los detenidos.
Esta afirmación es absolutamente falsa ya que en casi todos los países del mundo se prohíbe a la Policía interrogar, inclusive en EE. UU. (salvo lo sucedido en Guantánamo), ya que con la prohibición de realizar interrogatorios se pretenden evitar las “confesiones” mediante torturas y su invalidez como prueba en contra del mismo “confesado” precisamente pretende desincentivar que se recurra a esos inhumamos "métodos" para investigar.
Fallas humanas e impunidad. Muchos sistemas judiciales desterraron de sus ordenamientos jurídicos estos interrogatorios por el peligro a que se den tratos indignos y degradantes en contra de ciudadanos. Si hay impunidad no es por la existencia de las garantías judiciales, sino –entre algunas razones– porque los cuerpos policiales hacen mal su trabajo investigativo, porque el Ministerio Público se obsesiona en acusar hechos que no constituyen delito alguno y están destinados a fracasar, porque algunos fiscales tienen un trabajo deficiente en los juicios, o porque sencillamente algunos jueces se equivocan al dictar o fundamentar las sentencias.
Como se observa, todas son “fallas humanas” de las que ninguna culpa tiene el glosario de derechos y garantías. En otras palabras, podrían reducirse las garantías judiciales al mínimo que, si no se superan las “fallas humanas”, igualmente existiría impunidad. Hace poco se puso públicamente en evidencia la mala preparación profesional de algunos aspirantes a jueces, quienes obtuvieron notas bajísimas en las pruebas de aptitud académica; no obstante, esto es algo que no es novedoso, sino que se arrastra desde hace muchos años en todos los ámbitos del Poder Judicial.
La capacitación es indispensable en una administración de justicia penal democrática, pero no sólo en las materias penales, sino en otros campos del conocimiento donde los operadores judiciales resuelven conflictos y por ello requieren de una epistemología más amplia o integral.
Garantías judiciales e inocentes. Gracias a la existencia de las garantías judiciales se evita la condena de personas inocentes y, aún así, se condena a inocentes por evidentes errores judiciales; por lo que si se redujera aún más el ámbito de garantías procesales, peligrosamente aumentaría el riesgo de que se condene a más inocentes. E inocentes sometidos a un proceso penal podría ser cualquiera de nosotros, ya que hay personas que ilusamente se sienten invulnerables y creen que nunca tendrán que afrontar una investigación judicial y por eso tildan a las garantías y derechos como “de los delincuentes” y no, como correctamente es, de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Curiosamente –vale como ejemplo– en la últimas elecciones un político ofrecía en su plan de gobierno “mano dura” y “cero tolerancia”, y ahora es parte de una investigación judicial, y –como todo ciudadano– se ampara en derechos y garantías judiciales que le ofrece el sistema jurídico que él mismo criticaba.
Expansión penal peligrosa. Hoy día en que los ámbitos de control del derecho penal se han expandido desmesuradamente, es más alta la posibilidad para todos los ciudadanos de ser atrapados por una investigación judicial cualquiera e, irónicamente, cuando más se requieren dichas garantías para evitar arbitrariedades y controlar injerencias desmedidas, se proclaman menos garantías.
Y esto es precisamente culpa de quienes venden la falsa idea de que las garantías no son útiles para la ciudadanía, sino que son una “alcahuetería para los delincuentes”.
Es fastidioso oír siempre este mismo vacío y populista argumento que contraviene todas las normas elementales de la lógica y va en contra de los derechos humanos.
La impunidad se supera con la máxima eficiencia en el desempeño de los operadores judiciales y con la modernización de sus métodos de investigación; de manera tal que, si una persona efectivamente incurre en un delito aún cuando cuente con todos los derechos y garantías judiciales imaginables, si quienes intervienen en el proceso penal cumplen objetivamente con sus deberes legales ni siquiera dichos derechos y garantías evitarían que asuma su responsabilidad; es decir, no es por los derechos y garantías que se da la impunidad, sino por la ineficiencia de quienes operan el sistema judicial.