La controversial decisión que el pasado 12 de agosto tomó el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acerca de la denuncia contra el rector Henning Jensen es esencialmente correcta.
Aunque la Contraloría Universitaria, según informó La Nación, determinó que Jensen había incumplido “el deber de abstención” al autorizar el presupuesto para una plaza asignada a su hija, no existe en la UCR ningún reglamento que permita instruir un procedimiento disciplinario contra el rector.
Si un procedimiento de tal tipo se instruyera, el resultado final, de acuerdo con el Estatuto Orgánico, debería poder ser apelado ante el rector. Puesto que al rector no se le puede despojar de ese derecho de apelación, inherente al debido proceso, el procedimiento no corre.
Inmunidad. De esta manera, al igual que el presidente de la República, los ministros, los magistrados y los diputados, el rector de la UCR goza tácitamente de inmunidad, con la única diferencia de que mientras para los primeros esa inmunidad aplica a escala nacional, para el rector se circunscribe –por ahora– única y exclusivamente a la UCR.
Instruir un procedimiento contra el rector dentro de la UCR solo sería posible si Jensen renunciara (algo que él nunca va a hacer). Si bien el Estatuto Orgánico contempla la posibilidad de revocar su nombramiento, no es posible revocarlo sin antes instruir el procedimiento, y como no se puede instruir, la revocación es apenas una ficción operativa.
Al considerar todo lo anterior, el Consejo Universitario, liderado por su directora Yamileth Angulo Ugalde procedió iluminadamente al archivar la denuncia. Aunque el Consejo no trasladó este asunto a un órgano externo, es de conocimiento general que el Ministerio Público lo está investigando.
De continuar tal instancia con sus investigaciones, sería conveniente que pueda disponer del testimonio del exvicerrector de Acción Social, Roberto Salom, quien por haberse jubilado no declaró ante la Contraloría Universitaria sobre el supuesto tráfico de influencias.
Precedente. Considerado en su conjunto, el escándalo Jensen contribuyó a fortalecer la institucionalidad democrática de la UCR al permitir que se identificara un gravísimo vacío reglamentario y estatutario –fuente potencial de impunidad y corrupción– que permaneció sin ser detectado durante más de tres cuartos de siglo.
También dicho escándalo, al dar a conocer que los hijos del rector (Elena y Henning Jensen Villalobos) laboraron en la UCR, sentó un precedente fundamental en la lucha para que los graduados de universidades privadas no sean discriminados en las públicas.
A los hijos de Jensen se les debe reconocer la lucidez que tuvieron al escoger estudiar en universidades privadas (donde es posible graduarse en menos tiempo que en las públicas) y la valentía con que quijotescamente decidieron abrirse campo en una institución como la UCR.
Épico. Dado que en la UCR abundan los prejuicios contra los graduados de las universidades privadas, particularmente en campos como Psicología y Derecho, el logro de los hijos del rector tiene dimensiones épicas.
Ambos jóvenes no solo se batieron con bravura contra esa discriminación injustificable, sino que con su ejemplo enviaron un mensaje claro y contundente a todo el país: si en campos tan competitivos como Psicología y Derecho ellos pudieron encontrar trabajo en la UCR, otros graduados de universidades privadas también pueden.
Sin duda, el luminoso ejemplo de los Jensen ha dado nombres y apellidos al lucem aspicio de la UCR.
El autor es historiador.