Una estudiante de Derecho y Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó en su Facebook una crónica sobre comentarios irrespetuosos, sexistas y discriminatorios supuestamente hechos por dos profesores de la Facultad de Derecho. Posteriormente (al parecer, el 30 de mayo pasado), alguien procuró aparentar que la publicación de la estudiante había sido hecha en el Facebook del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM).
Ese mismo 30 de mayo, Gabriela Arguedas, especialista en bioética y profesora de la Escuela de Filosofía, también publicó en su Facebook la crónica de la estudiante, lo cual originó un debate en el que participaron otros docentes universitarios.
Algunos de los participantes, que fueron alumnos y ahora son profesores en la Facultad de Derecho, indicaron que nunca fueron testigos presenciales de situaciones como las descritas por la estudiante; pero otros, que dieron por cierto todo lo que la estudiante expuso, propusieron iniciativas como grabar a los docentes y difundir el video en redes sociales, buscar la forma para expulsarlos de la UCR, denunciarlos formalmente y dar a conocer sus nombres.
De hecho, la propia estudiante participó en el debate y declaró que con un profesor había tenido un desacuerdo por la calificación de un curso, indicó que ese docente le habría hecho una pregunta impropia y dejó entrever que su expectativa era que tal profesor ya no laborara más en la UCR.
Manifestación. La cronología de lo que pasó después no está del todo clara, pero el pasado 9 de agosto, el periódico Crhoy informó, con base en una entrevista realizada a Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho, que la estudiante había interpuesto una denuncia verbal por acoso sexual.
Chirino también indicó que la estudiante fue convocada a una reunión con él y con la directora de Vida Estudiantil, Marcela Moreno, pero no asistió. Tras ser contactada por Crhoy, la estudiante “dijo que no iba a referirse a este tema”.
Se desconoce cómo fue que el periódico obtuvo la información del caso y el apellido y otros antecedentes que permiten identificar al profesor denunciado, datos que, según Crhoy, fueron confirmados por Chirino en la entrevista.
En el contexto de una creciente cobertura mediática, el 11 de agosto, en horas de la tarde, un grupo de entre cincuenta y cien personas, compuesto principalmente por estudiantes de la Facultad de Derecho, se manifestó en contra del hostigamiento sexual. Puesto que dicha Facultad tiene alrededor de 1.500 alumnos, los manifestantes representarían entre un 3% y 7% de todos los estudiantes.
Dudas. La UCR dispone de un reglamento específico, un procedimiento establecido y una instancia especializada, la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CICHS), para tramitar los casos de acoso. La denuncia debe hacerse –en teoría– con estricto apego al principio de confidencialidad, de manera que los nombres de las partes no sean de dominio público.
En la situación presentada en la Facultad de Derecho, la primera víctima fue la confidencialidad: la estudiante dio a conocer su nombre desde el inicio, Arguedas lo reprodujo en su Facebook y Crhoy, aunque salvaguardó la identidad de la estudiante, no procedió de la misma manera en relación con la del profesor.
Además, desde el 30 de mayo, en el Facebook de Arguedas hubo un debate público en el que casi todos los participantes asumieron la culpabilidad de los profesores mencionados, sin que hubieran sido juzgados, y algunos propusieron iniciativas para tomar la justicia en sus manos, con lo que el debido proceso se convirtió en una segunda víctima.
De esta manera, sin existir siquiera una denuncia formal, ya los nombres de las partes eran de dominio público, un grupo de personas (incluidos profesores de la UCR) había dado credibilidad plena a lo expuesto por la estudiante y, de una manera evocadora del proceder de los supremacistas blancos en Estados Unidos y de los regímenes fascistas, un profesor fue linchado en redes sociales y en diversos medios de comunicación colectiva.
Caza. Sin duda, el aspecto más preocupante de la situación presentada en la Facultad de Derecho es que, en vez de seguir las vías del derecho, se siguieron las vías de hecho. Esto podría indicar que las campañas en contra del hostigamiento sexual en la UCR, en vez de educar a la comunidad universitaria acerca de cómo canalizar tales situaciones por vías institucionales, fomentarían prácticas emparentadas con la caza de brujas.
Asimismo, al analizar la crónica de la estudiante y las declaraciones de sus compañeros que participaron en la protesta del 11 de agosto, se constata que de lo que se quejan es más de supuestas expresiones sexistas, irrespetuosas y discriminatorias, que de situaciones específicas de hostigamiento sexual.
Mucho de lo denunciado por los estudiantes se refiere a experiencias que les fueron referidas por terceros, a sospechas de que algunos compañeros o compañeras podrían obtener ventajas académicas indebidas por establecer relaciones personales con profesores, y a conflictos en torno a las calificaciones de los cursos.
En concordancia con lo anterior, Monserrat Sagot Rodríguez, directora del CIEM y exdirectora del Consejo Universitario, declaró a Crhoy que, en lo que va de este año, no se ha presentado ninguna denuncia ante la CICHS en contra de algún profesor de la Facultad de Derecho.
Datos. Más interesante aún, Carmen Cubero Venegas, coordinadora de la CICHS, proporcionó los siguientes datos: en los últimos cinco años, se han presentado 75 denuncias por hostigamiento sexual en la UCR, de las cuales 18 están en proceso. De los 57 casos resueltos, 27 terminaron en una sanción, 20 en una absolución y 10 fueron archivados.
En pocas palabras: de cada dos denuncias que se presentan ante la CICHS, una podría ser falsa o carecer de contenidos para sancionar. Puesto que el trámite de cada caso cuesta a los contribuyentes entre diez mil y veinte mil dólares, las 30 denuncias que terminaron en una absolución o fueron archivadas habrían costado entre $300.000 y $600.000.
Ahora bien, el dato de que el 47,4% de los casos culminó en una sanción debe ser considerado con cuidado, ya que las comisiones que los instruyen son asesoradas por la Oficina Jurídica. Dicha oficina puede asesorar también a la autoridad universitaria que dicta el acto final y, si tal acto se apela ante la Rectoría, la apelación la conoce esa misma oficina.
Formalmente, el proceso pasa por tres etapas distintas, pero nunca escapa de la órbita de la Oficina Jurídica, por lo que no existe posibilidad alguna, dentro de la UCR, de que lo actuado por las comisiones instructoras sea revisado por una instancia independiente de dicha oficina.
Fuerzas. Los datos proporcionados por Cubero, con todas sus limitaciones, muestran que la mitad de las personas que interponen denuncias por hostigamiento sexual en la UCR, podrían proceder falsamente o sin fundamento.
En tales circunstancias, procurar que supuestas situaciones de hostigamiento sexual sean denunciadas, tramitadas y resueltas fuera de los canales institucionales, sin atender a lo establecido en leyes y reglamentos, es promover un tipo de justicia más acorde con culturas inquisitoriales y autoritarias que con sociedades democráticas.
Por lo pronto, lo sucedido con el profesor de la Facultad de Derecho es prueba de que en la UCR existen fuerzas dispuestas a linchar a cualquier miembro de la comunidad universitaria sin darle la más mínima oportunidad de defensa.
El autor es historiador.