En la edición del 31 de agosto de 1940, el periódico La Semana Cómica, dirigido por Pío Luis Acuña, dedicó un amplio comentario a considerar el caso de las escuelas comerciales abiertas en el país, sobre todo, en San José.
Según el periódico, tales establecimientos no eran más que “fábricas de contadores mercantiles, tenedores de libros, peritos y hasta auditores”; y agregó que “centenares de padres de familia y de alumnos resultarán defraudados en sus nobles empeños”.
Más grave aún, indicó el periódico “en términos generales, no existe un control efectivo sobre esa producción en masa”.
Promesas. Para La Semana Cómica, “la escuela del Estado no tiene propósitos lucrativos. Su fin es llenar una alta función social al difundir la cultura. Puede ser magnífica la calidad de esa enseñanza o puede ser deficiente, pero el carácter altruista que tiene la pone a salvo de toda clase de suposiciones”.
En contraste, en la enseñanza privada, “el propósito por lo general es el lucro, ya que no es de suponer que los particulares se tomen la molestia de trabajar gratuitamente o por vocación apostólica”.
Con gran lucidez, el periódico advirtió, además, que a la educación privada “se atrae por medio del anuncio y de la propaganda a gran número de jóvenes”; y que a los títulos otorgados por esas escuelas comerciales “se les concede una fe relativa”.
Específicamente sobre la publicidad, se preguntó La Semana Cómica: “¿Podría el señor secretario de Educación mirar sin inquietarse avisos en los periódicos en los cuales se promete ‘hacer’ contadores mercantiles en un año o en un plazo parecido?”.
Supervisión. Precisamente por ocuparse de un servicio público, el periódico consideraba que la enseñanza privada “cae dentro de la jurisdicción de funciones del Gobierno, y lo lógico y lo natural es que se controle como es debido”.
Cumplir con este deber, sin embargo, era difícil, puesto que, como lo hizo notar La Semana Cómica, para vigilar las labores de los establecimientos privados de enseñanza, existía apenas un inspector, por lo que su labor de inspección “resulta bastante aproximada al romanticismo”.
La única forma de resolver el problema de la supervisión, según el periódico, era que la Secretaría de Educación Pública se convirtiera en “responsable, fiadora, solidaria –si así se puede decir– de las funciones de los centros particulares de enseñanza. Y si para ello hay que reformar la Constitución, que sea en buena hora”.
Uno de los objetivos de la supervisión estatal sería asegurarse de que quien enseñaba en una escuela comercial “tenga el respaldo de un título serio. No es posible improvisar profesores. Es necesario que todos ellos estén debidamente titulados, que cuenten con el respaldo de sus estudios y de su preparación”.
Si no se cumplía con lo anterior, el resultado era previsible: “Con profesores inventados es fácil explicar esos ‘baratillos’ de títulos y esos anuncios de que se ‘fabrican’ contadores y auditores dentro de un plazo mínimo como si se tratara de competencias entre fabricantes de automóviles o de cocinas eléctricas”.
Responsabilidad. ¿Quién respondía por los graduados de las escuelas comerciales? La respuesta de La Semana Cómica fue contundente: nadie.
A este grave problema se añadía otro todavía más complejo: “Muy pronto el país no sabrá qué hacer con tantos títulos andantes. Es decir, que los sacrificios, los esfuerzos de numerosos padres de familia quedarán pintados en la pared, pues al paso que vamos, en cada casa habrá un contador, un perito y hasta una docena de auditores”.
Como resultado de la saturación del mercado, “la mayor parte de esos jóvenes, conocedores de tanta ciencia infusa, no podrá o no sabrá cómo ganarse la vida. En otras palabras: se impone un mejor encauzamiento de la muchachada”.
Herencia. El fenómeno que mereció la atención de La Semana Cómica tuvo su origen en que, en las décadas de 1920 y 1930, se amplió el acceso a la educación secundaria, por lo que un número creciente de jóvenes de ambos sexos, que no terminaron el colegio o que lo finalizaron pero no pudieron ingresar a la enseñanza superior ni a la Escuela Normal, optaron por ingresar a las escuelas comerciales.
Entre 1928 y 1940, el número de esas escuelas ascendió de 1 a 12 planteles, y la matrícula se elevó de 580 a 1.425 estudiantes (en 1940, el 39,9 por ciento de los alumnos eran mujeres).
La rapidez con que se multiplicaron tales escuelas y el pronunciado crecimiento de la matrícula permiten comprender la alarma del periódico, cuyo enfoque al respecto tiene amplias resonancias en la Costa Rica actual.
Durante las dos últimas décadas del siglo XX, algunas de esas escuelas comerciales empezaron a convertirse en universidades particulares.
En el curso de ese proceso, introdujeron y arraigaron, en el mundo universitario privado (entonces apenas en formación), la cultura administrativa y mercantil de sus orígenes, decisivamente dependiente de la publicidad, dirigida a acortar la duración de las carreras y ajena a toda supervisión efectiva del Estado.
Tal cultura, que con tanta precisión caracterizó La Semana Cómica en 1940, persiste en el presente, como demostración de que en Costa Rica algunos problemas, especialmente en el campo educativo, en vez de resolverse, simplemente se heredan.
Iván Molina es historiador.