El mundo llegó a una encrucijada en la lucha contra el cambio climático. O aceleramos drásticamente la transición a la energía limpia, o de nuestras menguantes chances de evitar un aumento mundial de temperaturas superiores a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales no quedará nada. Pocos entienden tan bien lo que está en juego como los países de América Latina y el Caribe (ALC).
Estos forman una de las regiones del mundo más vulnerables al clima. Contando solo el año pasado, la región soportó una temporada de huracanes destructiva, una ola de calor mortal y graves sequías, que produjeron una enorme crisis del agua en Uruguay y perjudicaron la generación hidroeléctrica en países como Ecuador.
La agencia de calificaciones crediticias Moody’s calcula que el cambio climático puede costar el equivalente al 16 % del PIB de la región durante este siglo.
Pero los países de ALC también tienen enorme potencial para liderar (e incluso impulsar) la transición mundial a las fuentes de energía renovables.
Como señala la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su primer Informe de Perspectivas Energéticas para América Latina, las fuentes de energía renovables (encabezadas por la hidroelectricidad) ya equivalen al 60 % de la producción de electricidad de la región (el doble del promedio mundial); y todavía hay margen de crecimiento, ya que la región cuenta con algunos de los recursos eólicos y solares más potentes del mundo.
América Latina también posee inmensas reservas de minerales esenciales para la transición a la energía limpia, incluida más de la mitad del litio mundial. Y está colocada para convertirse en líder en la producción y el uso del hidrógeno verde.
Para ingresar en una senda climática segura se necesitarán acciones radicales, decisivas e inmediatas, sobre una base de colaboración internacional, firme liderazgo político, alianzas público‑privadas eficaces y marcos regulatorios bien diseñados. También se necesitará dinero: según la AIE, la región tiene que duplicar la inversión en fuentes renovables de aquí al 2030.
Esta inversión dará acceso a la energía a unos 17 millones de personas que hoy viven sin electricidad; evitará 30.000 muertes prematuras debidas al uso de energía sucia en la cocina y creará un millón de puestos de trabajo en las industrias de la energía limpia.
Pero como toda transformación socioeconómica, la transición a la energía limpia puede dejar a algunas colectividades rezagadas; el mayor riesgo es para las mujeres, las comunidades rurales y los pueblos indígenas. Para evitarlo, las iniciativas climáticas (y los objetivos en que se fundamentan) deben reflejar principios de justicia e inclusividad.
La transición energética depende de la infraestructura. La mayor parte de la infraestructura energética de Latinoamérica está diseñada para la producción y el consumo de gas y petróleo.
Para facilitar el desarrollo, el almacenamiento, la distribución y la transmisión de energías renovables, la región tiene que construir redes más interconectadas y ampliar la infraestructura de apoyo en tierra y mar. Una mayor conectividad transfronteriza y sistemas de almacenamiento escalables son esenciales para asegurar que los sistemas sustentados en fuentes renovables en toda América Latina puedan soportar los efectos cada vez peores del cambio climático.
Costa Rica ofrece un modelo de cómo hacerlo. El país atraviesa una profunda transformación en todos los aspectos de su economía, en un intento de convertirse en el primer país carbononeutral del mundo en el 2050.
En el 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo simuló más de 3.000 futuros potenciales para Costa Rica y halló que cumpliría (o casi cumpliría) sus metas de neutralidad en más del 75 % de ellos; también predijo que en casi la mitad, el país superaría con creces los objetivos y entraría al terreno de la emisión neta negativa.
En la región, hay otros países que están igualmente bien situados para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, descarbonizar sus economías y mejorar su seguridad energética.
Para ello, deben comenzar a desarrollar sus capacidades en el área de las fuentes renovables y buscar una mejora de la eficiencia energética. En esto, la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas colabora con las instituciones financieras locales para reforzar la financiación de la acción climática en la región, un ejemplo del modo en que las alianzas público‑privadas pueden ayudar a generar sostenibilidad y prosperidad para todos.
Por supuesto que la estrategia variará según el país. En el Caribe, el clima, la geografía y la topografía complican la generación y transmisión de energía renovable. Un modo de superar este obstáculo es la generación distribuida, es decir, generar la electricidad cerca del lugar de uso.
La Alianza Mundial de la Energía para las Personas y el Planeta ya comenzó a instalar esta tecnología en la región. En Haití, por ejemplo, la Alianza colabora con la creación de redes de malla: redes modulares descentralizadas con las que cada hogar puede generar con paneles solares la mayor parte de la energía que consume, y que al mismo tiempo están conectadas con los vecinos en conglomerados de uso compartido de energía.
Al combinar la simplicidad, la accesibilidad y la rentabilidad de los sistemas solares de uso doméstico con la resiliencia de un sistema de red, las redes de malla permiten proveer acceso rentable a la energía en áreas remotas.
Otra importante solución tecnológica son los sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS, por la sigla en inglés): baterías recargables capaces de almacenar energía de una variedad de fuentes.
Al facilitar la estabilización de la red eléctrica y garantizar un suministro confiable durante la transición energética, estos sistemas pueden ayudar a los países a alcanzar sus objetivos de uso de fuentes renovables y al mismo tiempo estimular sus economías y reducir la pobreza generacional.
El mercado mundial para los sistemas BESS va camino de duplicarse en el 2030. La Alianza Mundial tiene un consorcio dedicado al modelo, que trabaja para asegurar que los beneficios de esta tecnología se distribuyan a todos los niveles de ingreso.
El viaje hacia un futuro sostenible será largo e implicará inversión e innovación continuas. Nuevas soluciones para el almacenamiento de la energía, junto con una mejora de la conectividad regional, serán cimientos de una infraestructura energética robusta, resiliente y moderna.
Mientras tanto, como bien saben los países de ALC, es necesario diseñar y poner en práctica los proyectos con la mirada puesta en la justicia social y en la inclusión de las comunidades indígenas.
La región de ALC tiene un compromiso con mitigar el cambio climático y asegurar la justicia climática. Con alianzas público‑privadas eficaces e inversiones coordinadas que den apoyo a una sólida cadena de suministro, la región puede lograr la revolución energética que su gente (y el mundo) necesitan.
Patricia Espinosa, presidenta de la Junta Asesora para América Latina y el Caribe de la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas, es integrante del Consejo de Liderazgo Mundial de la Alianza Mundial de la Energía para las Personas y el Planeta. Lourdes Melgar, investigadora afiliada al Centro para la Inteligencia Colectiva en el MIT, es investigadora no residente en el Centro de Estudios de la Energía del Instituto Baker e integrante de la Junta Directiva de la Alianza Mundial de la Energía para las Personas y el Planeta.
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