El Estado democrático y social de derecho tiene el imperativo de impulsar un desarrollo incluyente, dinámico y sostenible para todas las personas, independientemente del lugar en el que se encuentren. Asimismo, tiene que promover la integración armónica de todas las regiones, cantones y comunidades del país y asegurar el derecho de esas regiones a participar en los beneficios del desarrollo nacional en igualdad de oportunidades.
No obstante esas premisas de tan profundo sentido común y equidad en un sistema democrático como el nuestro, el modelo de desarrollo económico y la organización del ejercicio del poder político que impera en el país, parten de una visión centralista que ha concentrado la toma de decisiones, los bienes y servicios y la riqueza en el Valle Central, en detrimento de las personas y los territorios que se ubican en otras partes del país.
Estamos hablando de la concentración geográfica del poder político y económico, por tanto, también, del desarrollo social y cultural.
Causas. Existen al menos tres factores que han estimulado ese injusto proceso de concentración del poder.
Primero, la Constitución vigente no define con claridad las competencias municipales. El régimen municipal es muy débil porque su diseño constitucional es muy pobre, al no conferirse al gobierno local un conjunto de funciones básicas municipales, consustanciales al espacio y al gobierno local y otras de índole nacional, que solo se podrían ejercer a escala local por delegación o de forma compartida con el Gobierno Central.
Segundo, los ingresos propios de los municipios son insuficientes para la ejecución de las actividades municipales. Es ridículo que la participación de los gobiernos locales en el total del gasto público del país sea algo menos del 2%, mientras que en países como Brasil ese porcentaje sobrepasa el 26% y en Dinamarca, el 50%.
Hay que decir, sin ningún pudor, que en materia de financiamiento el artículo 170 constitucional se ha convertido a lo largo del tiempo en una verdadera estafa para el Régimen Municipal. ¡Es claro que no se puede hacer chocolate sin cacao!
Tercero, la concepción de democracia que ha imperado en Costa Rica es muy formalista, principalmente limitada a procedimientos y a elegir personas para los puestos de representación popular: presidente, diputados y autoridades municipales.
Tradicionalmente, cuando hablamos de igualdad y justicia social lo reducimos a los derechos de las personas, pero no a la distribución geográfica del poder político y del poder económico. Esta visión tan chata de la democracia debe preocupar, sobre todo si se toma en cuenta el estilo vallecentrista de desarrollo que se ha impuesto en el país en las últimas décadas.
Nueva organización. Esta situación atenta no solo contra el bienestar económico de las personas que viven en esa Costa Rica marginada y periférica, sino también contra su propio desarrollo político y su capacidad de gestión.
De ahí, la necesidad de evolucionar hacia una nueva forma de organización política y económica más democrática del Estado, que rompa con el excluyente modelo autoritario y centralista que impera en el Valle Central.
No se puede aspirar a ser un país desarrollado con tales inequidades. El país lo constituimos todos y la democracia exige estar a la par de los que más necesitan, con independencia de la región en la que vivan o trabajen.
Así pues, para fortalecer a las municipalidades y que podamos hablar de una verdadera democracia geográfica y participativa, se requiere de una profunda reforma constitucional que estimule la participación ciudadana, ensanche las potestades de las municipalidades, así como su capacidad presupuestarias para llevarlas a cabo.
Este paso implica reinventar no solo la forma o modelo de Estado, sino también el sistema político, en la medida que acercaría la toma de decisiones y la asignación de recursos públicos a las personas beneficiarias de esas decisiones, lo cual redundaría en un sistema más democrático.
Sin una forma diferente de entender el quehacer político, la democracia y la organización del poder, la gente no va a recobrar su fe y confianza en el sistema político. Y si la gente no recobra su fe y confianza en el sistema, podríamos estar en el preludio de la protesta social y el quebrantamiento de la paz, una forma de participación ciudadana que no queremos en Costa Rica.
El autor es abogado.