A lo largo del proceso de reforma que el mismo Poder Judicial ha impulsado en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones se han atendido las recomendaciones de la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Pensiones (Supén), la Auditoría Judicial y los estudios actuariales, los cuales están incorporados en los proyectos de ley que se encuentran bajo análisis en la comisión legislativa.
En todo el proceso, los distintos grupos gremiales hemos intervenido responsablemente y planteado las propuestas que se han considerando necesarias. Hemos tenido acuerdos y desacuerdos en la discusión y así lo hemos expuesto públicamente, tanto al Poder Judicial como a la comisión examinadora en la Asamblea Legislativa.
Se han expuesto una y otra vez las acciones inmediatas ejecutadas y las que están en trámite, pero La Nación insiste en dejarlas de lado y, por el contrario, las acomoda a sus enfoques noticiosos y a la línea editorial.
Son sistemáticos los cuestionamientos del diario La Nación contra el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a los cuales hemos respondido con absoluta transparencia y objetividad, pues somos los más interesados en mantener la salud financiera de nuestro Fondo.
El más reciente. En la comparecencia ante la comisión legislativa, los representantes del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica señalaron a los diputados que los ¢5,3 billones corresponden a un déficit actuarial, no a un déficit financiero.
Se nos indica que nunca hicieron referencia a un “hueco” y mucho menos que fuera la situación actual del Fondo como lo interpreta La Nación en sus informaciones y editorial del 11 de marzo pasado.
Lo expuesto ante la comisión legislativa se refiere a la brecha proyectada entre las obligaciones del Fondo y los ingresos resultantes de los aportes de los afiliados y los rendimientos de dichos aportes, a lo largo del período de estudio.
Dicho resultado es uno de los productos solicitados al IICE, que abarcan una proyección de la situación del Fondo partiendo del 2015 con un horizonte a 100 años.
Es importante aclarar que los resultados del IICE no incorporan los cambios actuales, el aumento en los aportes y la mejora en las inversiones que ha venido experimentando la administración del Fondo, cuyos rendimientos rondan el 7% actualmente, muy por encima del 3% estimado por los mismos estudios actuariales como parámetro para la salud financiera de este en materia de inversiones.
Inexistentes. Utilizo las mismas palabras del editorialista, pero en sentido contrario, para mostrar la forma gratuita de su trato a este tema. El panorama aterrorizante es contra el Poder Judicial, al ilustrar situaciones internas de la institución que existen solo en su pluma.
Los datos del Fondo señalan que el 78,89 % de las personas pensionadas y jubiladas reciben montos inferiores a un millón de colones.
La reforma al régimen de jubilaciones y pensiones es necesaria y así lo entendemos porque representa el bienestar de 16.000 familias judiciales. Por ello se promovió, desde la institución, la presentación de propuestas sobre proyectos de ley, se ha comparecido ante la comisión legislativa para informarles con datos fidedignos y se han contratado estudios actuariales para tomar decisiones sobre la base de criterios técnicos razonables.
Hacemos un llamado a la prudencia con el fin de tomar las mejores decisiones, siempre amparados en las asesorías técnicas y con el fin de dar una solución integral a este importante problema nacional, sin afectar a la población judicial y a la sociedad costarricense.
El autor es presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Judiciales (Anprojud).