Guido Monge Fernández: Reforma tributaria y solidarismo

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Nuestro país requiere urgentemente de una alta dosis de diálogo y concertación para avanzar por la ruta del desarrollo sostenible. En esta tesis coincide el Movimiento Solidarista Costarricense con múltiples actores de la ciudadanía.

Nuestra sociedad cuenta con valores y objetivos superiores de desarrollo que le permiten a sus diversos sectores reunirse y conciliar. Hemos sido insistentes en que, como parte de una visión país, nos aboquemos a trabajar en una agenda nacional de desarrollo.

La posición anterior no es ajena a nuestra filosofía y acciones. El solidarismo ha hecho una contribución significativa a la dinamización de amplios sectores de nuestra economía, a la equidad, a la solidaridad ya la reducción de la pobreza a lo largo de sus años de vigencia. No se discute que buena parte de la paz social del país descansa sobre la labor del solidarismo.

Lejos de rehuir nuestra responsabilidad en la discusión de la reforma fiscal en nuestro país, el Movimiento ha mostrado históricamente un alto nivel de responsabilidad y seguimiento a los asuntos en materia de la Hacienda pública.

Reconocemos que Costa Rica enfrenta un déficit fiscal estructural de sus finanzas, que amenaza con la estabilidad y sostenibilidad de nuestro desarrollo. Hemos señalado que la reforma fiscal debe atenderse de manera integral, lo que implica considerar la recaudación, el gasto público, la administración tributaria y aduanera incluyendo el combate a la evasión, la elusión y el contrabando, así como el financiamiento de la deuda pública a mediano y largo plazo.

Sobre los proyectos de reforma a los impuestos de renta y ventas, es importante señalar que un ajuste parcial, como el propuesto por el Gobierno, corre el riesgo de ser un paquete tributario. Queda pendiente la gruesa tarea de presentar iniciativas en relación con los otros componentes requeridos para enfrentar la situación fiscal, especialmente aquellos ligados a la reducción del gasto público. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de participar activa y responsablemente en la construcción de un acuerdo social que incluya no solo el ámbito fiscal, sino también otras dimensiones del desarrollo nacional.

Impuesto de ventas. Estamos de acuerdo en que nuestro país ha transformado su plataforma productiva cada vez más basada en una economía de servicios. Concordamos con incorporar a la base impositiva una serie de transacciones y profesionales que hoy no contribuyen con el erario.

No obstante, con respecto al aumento de la tasa impositiva de manera paulatina desde el 13% actual a un 15% en el 2017, el Movimiento considera que sería más congruente hacer la transformación y ampliar la base impositiva, pero no el aumento de la tasa antes indicado, hasta tanto el Gobierno no presente otras iniciativas que atiendan la situación fiscal de manera integral y genere acciones robustas de contención del gasto público.

Impuesto de renta. El borrador enviado a consulta implica al menos cuatro duros golpes a la continuidad, consolidación y desarrollo del solidarismo en Costa Rica. Estos impactos provienen, entre otras razones, del desconocimiento de la naturaleza de las asociaciones solidaristas, que no tienen un fin de lucro, y de que las autoridades tributarias están proponiendo equipararlas a entidades mercantiles.

El movimiento está de acuerdo en que se mantenga la tasa de impuesto del 5% para todo el monto pagado de excedente, y que no se aplique en este caso la escala progresiva contemplada en el proyecto, porque nos preocupa el impacto que esto puede tener en términos de equidad tributaria, en cuanto al monto exento que reciban los asociados.

Este impuesto afecta a los asociados directamente, principalmente para a trabajadores afiliados que, además de pagar su impuesto al salario, ahora deben pagar más impuestos por los excedentes y, así, se duplica la carga tributaria.

La reforma propone que el impuesto que pagan los títulos valor pase de un 8% a un 15%. No podemos estar de acuerdo con esto, si tomamos en cuenta que una gran parte del capital de las asociaciones solidaristas, especialmente el monto de la cesantía, está invertido en estos instrumentos financieros.

El impacto sobre esta parte del portafolio se verá reflejado en una reducción de su rentabilidad en 7 puntos porcentuales, desestimulando la inversión y el ahorro. Este impacto es aún más severo si, además, se toma en cuenta las regulaciones del Banco Central de Costa Rica, que obliga a que las asociaciones tengan que dejar una reserva de liquidez.

La reforma establece que los trabajadores que sobrepasen una acumulación de cesantía sobre ocho años estarán afectos a un impuesto sobre el capital en exceso con una tasa impositiva del 15%. La cesantía es una indemnización que servirá al trabajador para mantenerse él y su familia mientras está cesante, es un rubro de protección social y no lucrativa.

El solidarismo, a través del aporte patronal, consolida, en la gran mayoría de empresas parcialmente, este derecho de los trabajadores. Esta propuesta desestimula la participación y afiliación de estos en las asociaciones solidaristas, y le da un duro golpe a la continuidad o existencia del solidarismo costarricense y a los trabajadores en general de nuestro país.

En cuanto al impuesto a las utilidades, el proyecto propone gravar todas las actividades derivadas del uso de los aportes –ahorro y cesantía– al considerarlas, erróneamente, según nuestro criterio, actividades lucrativas.

Nos preocupa el impacto que esta medida tendría sobre el 90% de dichas asociaciones que son pequeñas y con cartera crediticias con poco margen para reducciones sensibles de su rentabilidad financiera.

Desde la perspectiva del Movimiento Solidarista, es fundamental hacer un balance en relación con todas las modificaciones propuestas (no solo aquellas con impacto sobre el solidarismo) para determinar si la carga impositiva tiene un carácter progresivo o regresivo, dada la estructura fiscal resultante.

El Movimiento considera que las reformas propuestas representan una grave amenaza y comprometen su estabilidad y continuidad. Para un sector elevado a rango constitucional y declarado de utilidad pública por sus múltiples aportes al desarrollo nacional equilibrado y equitativo, la pregunta es: ¿Es esta la forma en que se pretende fortalecer al solidarismo?

El autor es vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense