Corrupción. Violencia. Ingobernabilidad. Son términos y conceptos utilizados por los ciudadanos para designar conjuntos de problemas que les causan grave preocupación y angustia. Desafortunadamente, el acento o énfasis de tales expresiones suele estar más en el estado emocional de quienes las utilizan que en la definición de los fenómenos que lo causan. Por esto evocan principalmente sentimientos o reacciones instintivas, como indignación y temor, en lugar de esfuerzos analíticos o acciones racionales para entender los problemas y resolverlos.
Entre 1993 y 1994, por iniciativa del entonces ministro de Planificación y Política Económica, Carlos Vargas Pagán, y el entonces director de la Escuela de Administración Pública, Justo Aguilar Fong, el Gobierno de la República y la Universidad de Costa Rica emprendieron un esfuerzo conjunto para enfocar el problema de la "gobernabilidad" o "ingobernabilidad" en modo científico.
Como director que fui de la investigación correspondiente quisiera dar a conocer un resumen del estudio realizado, parte del cual será publicado próximamente en forma de libro.
Fueron evaluadas las relaciones entre dieciocho ministerios e instituciones públicas, distribuidos en cuatro grupos: sector de recursos naturales, energía y minas; sector de cooperativismo; sector de trabajo y seguridad social; sector de cultura, juventud y deportes. El análisis abarcó cinco instancias o facetas de cada grupo o sector institucional: caracterización del problema central del sector; identificación de los principales factores económicos, políticos, y sociales que influían en el sector; influencias de la normativa legal y la estructura ejecutiva mediante las cuales se manejaban las relaciones entre las instituciones; impacto de las iniciativas y procesos de gestión en cada caso; efectos generales y consecuencias específicas de los problemas y factores anteriores en sendos sectores. A continuación, se ofrece una síntesis únicamente del primer aspecto, problema central de cada sector.
Respecto al sector recursos naturales, energía y minas, su problema central era de "sobreorganización": su decreto constitutivo propone tantos objetivos, unidades, instancias y funciones, que resultaban inmanejables en la práctica. Desde su creación en 1983, solamente un subsector -el de Energía- operaba satisfactoriamente. Los otros dos -recursos naturales y minas- no habían llegado a operar o consolidarse.
El sector cooperativismo era un caso de "acefalia", en el sentido de que el Presidente de la República no había designado su autoridad rectora, aunque tampoco había derogado el decreto que lo creo. Por tanto, la política cooperativa se encontraba en un estado de confusión o indefinición.
Conforme a una frase acuñada en un estudio anterior, el sector trabajo y seguridad social se encontraba "a la deriva". A pesar de la realización de varios diagnósticos que demostraron las incoherencias y desarticulaciones entre las instituciones del sector, ninguna autoridad había logrado materializar las medidas recomendadas para corregirlas. El sector cultura, juventud y deportes era "la excepción", que confirmaba la regla: presentaba una estructura que operaba eficazmente. Y es importante destacar el hecho paradójico de la Ministra encargada del sector y sus colaboradores habían logrado establecer un modus operandi con resultados satisfactorios, precisamente ignorando las normas y procedimientos en el decreto constitutivo del sector y aplicando otros criterios y mecanismos discrecionales.
Los detalles de la información en que se basa el análisis anterior están contenidos en varios volúmenes que fueron entregados durante el período de transición entre los gobiernos del señor Calderón Fournier y el señor Figueres Olsen. A pesar de las limitaciones que sin duda tienen, aún hay tiempo para aprovecharlos en el mejoramiento de la organización y el funcionamiento del sector público.