Cuando en Costa Rica un problema se transforma en una crisis, las autoridades llamadas a prevenirlo o resolverlo salen a los medios a culparse unos a otros o a las leyes o a la falta de estas. El grave deterioro en materia de seguridad ciudadana no es la excepción.
Los hechos recientes que pusieron en riesgo vital a un niño de un centro educativo y produjo la muerte de dos personas –una de ellas de nacionalidad canadiense con permanencia irregular en el país– fue el detonante para una nueva oleada de justificaciones de las autoridades policiales y judiciales que, en un primer momento, achacaron a las leyes, o a la falta de estas, la “culpa” de que a este foráneo y a otros con permanencia ilegal en el país y peligrosos antecedentes no se le pudiera expulsar del país.
Hasta el presidente de la República se apuntó a la ronda de justificaciones y pretextos al acusar a la Asamblea Legislativa por no haber aprobado una nueva ley de impuesto a las sociedades lo que, según el dicho presidencial, produjo una pérdida de dos años en los planes de seguridad ciudadana.
Como dicen ahora los muchachos, nada que ver. En primer lugar, porque la permanencia ilegal de extranjeros en el país es materia migratoria que dispone lo necesario sobre cómo actuar para su expulsión del país y, en segundo lugar, porque en el trámite legislativo nunca se planteó el tema de la creación del impuesto a las sociedades como urgente para combatir el ingreso y permanencia de extranjeros indeseables en nuestro país.
Por lo demás, en el caso del presidente, su tendencia a culpar a los otros para justificar su inacción, ausencia de liderazgo y falta de plan estratégico es de sobra conocida. Valga recordar que en el discurso del 3 de mayo anterior, ante la Asamblea Legislativa, el mandatario justificó el incumplimiento de sus promesas de cambio en tres factores: los mandos medios de las instituciones, las personas que “abusan del derecho” y los diputados por no haberle dado, todavía, los impuestos solicitados que, al parecer, deberían ser denominados “la pomada canaria” para resolver los gravísimos problemas del sector público costarricense. Una vez aprobados, todo se resolverá por simple ensalmo.
Expulsiones. Pero la jarana siempre sale a la cara: después de la ronda de justificaciones y pretextos de rigor, las propias autoridades anunciaron que, a partir de ya, sí podrán –sin necesidad de modificar el marco legal con el que ya contaban desde siempre– expulsar a los extranjeros indeseables.
Para ponerlo en los términos coloquiales con los que le ha dado por hablar al presidente, en adelante, “los extranjeros indeseables van jalando” del territorio nacional. Y, entonces, cabe preguntarse: ¿Por qué ahora sí se podrá y hasta anteayer no se podía?
Si nada ha cambiado en el marco legal migratorio, ¿cómo es que ahora sí y antes no? La razón es muy sencilla: el problema no son las leyes, sino la incapacidad de gestión de las autoridades públicas en general –no me refiero solo a las de seguridad ciudadana o materia migratoria–, a las que se les pasea el “alma por el cuerpo” antes de tomar una decisión, ejecutar una acción o exigir eficiencia a sus subalternos.
Inacción. No en todos los casos –hay excepciones y muy notables– los jerarcas públicos pasan más en reuniones –tanto en el país como en el extranjero– en donde no se resuelve nada, no se ejecuta nada y no se mide nada más que en sus propios centros de trabajo, planeando, dirigiendo, ordenando y supervisando la acción de sus subalternos.
Y, estos últimos, protegidos ya sea por la inamovilidad que les brinda el Servicio Civil o por sus convenciones colectivas, con el trabajo asegurado de por vida, cuanto menos hagan mejor. Al fin y al cabo el Estado es un extenso archipiélago de feudos de todo tamaño, en donde la mayoría de los “señores feudales” no manda, no dirige, no pide cuentas y no sanciona la ineficiencia por una razón: con los sindicatos no hay que pelearse porque se rompe la paz social.
Y, en nombre de esa paz social, cada burócrata hace lo que le da la gana, puesto que si lo exigen, ahí está el argumento del acoso laboral para justificar la vagancia.
De cara a las próximas elecciones, sería deseable escuchar de los candidatos presidenciales la promesa de que van a poner al sector público a trabajar en serio, que van a estar en el país más que en el extranjero, que van a poner metas de obligado cumplimiento y, quien no cumpla, empezando por sus propios ministros, “va para fuera”.
Con una buena “sacudida de escritorios” y una supervisión constante de la calidad, oportunidad y eficiencia de la gestión, estoy seguro de que la acción pública mejorará de forma cualitativa.
Ojalá haya por lo menos un candidato que se atreva a hablar así y que cuando llegue a Zapote lo haga en serio. Así se acaba el timo de la ingobernabilidad y los pretextos para justificar el “no se puede” que, en realidad, quiere decir “no me da la gana” en boca de decenas de miles de burócratas públicos.
El autor es abogado.