LONDRES – “Tú debes controlar tu información genética”, declara un anuncio de la empresa estadounidense de pruebas genéticas directas al consumidor (DAC) 23andMe. En medio del furor actual sobre el espionaje electrónico, la noción de que cada uno tiene derecho a decidir quién puede acceder a sus datos personales es particularmente atractiva. Pero, en el mejor de los casos, sigue siendo dudoso si 23andMe practica lo que predica.
De hecho, incluso algunos “tecnolibertarios” (quienes creen que el Gobierno no debe regular los nuevos avances en el campo de la biotecnología) han apoyado la decisión de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EE. UU. (que se advierte en una mordaz carta de noviembre pasado dirigida a Anne Wojcicki, directora ejecutiva de 23andMe) de impedir que la empresa comercialice pruebas mientras no haya disponibles más análisis científicos. “Me gustaría poder argumentar que [la FDA] está obstaculizando arbitrariamente el espíritu de iniciativa e innovación con sus medidas contra 23andMe”, escribió Matthew Herper en Forbes . “Quisiera que fuera la historia que voy a escribir, pero no lo es”.
Según la FDA, la comercialización por parte de 23andMe de un Servicio de Genoma Personal (SGP) no autorizado viola las leyes federales, ya que, transcurridos seis años, la empresa aún no demuestra que las pruebas funcionan realmente.
23andMe está recibiendo también denuncias de sus usuarios. Apenas cinco días después de que la FDA remitiera su carta, Lisa Casey (una clienta de California) presentó una demanda colectiva por $5 millones contra la empresa, acusándola de publicidad falsa y engañosa.
Hace años que hay dudas sobre los SPG de 23andMe. En el 2008, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica encargó un informe que señaló que el tipo parcial de análisis genético ofrecido por 23andMe no había demostrado su eficacia clínica en el tratamiento del cáncer. Dos años más tarde, después de una larga investigación la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno de EE. UU. llegó a la conclusión de que las pruebas genéticas directas al consumidor dan resultados “que se prestan a confusión”, situación que se complica aún más por la “publicidad engañosa”.
23andMe ofrecía una prueba a un precio de $99 para unas 250 enfermedades de origen genético, sobre la base de una lectura parcial de los polimorfismos de nucleótido único (PNU), puntos donde los genomas de las personas varían en un solo par de bases de ADN. Dado que las pruebas genéticas directas al consumidor analizan solamente una fracción de los 3.000 millones de marcadores del genoma humano y varias empresas apuntan a PNU diferentes, pueden arrojar resultados diferentes para el mismo cliente, que podría entonces tomar decisiones médicas serias basándose en información inexacta. En este contexto, no es sorprendente que, incluso, quienes se oponen a la regulación en general opinen que es pertinente en el caso de las pruebas directas al consumidor.
Pero el asunto va más allá de la inexactitud. Como ha señalado el periodista Charles Seife, la prueba genética al por menor tiene “la intención de ser la fachada de una inmensa operación de recopilación de información de un público que no es consciente de ello”. De hecho, cuando los clientes de 23andMe ingresan a sus cuentas, se les invita a llenar encuestas acerca de su estilo de vida, antecedentes familiares y de salud, lo cual añade valor epidemiológico a los datos genéticos, que luego son utilizados por el brazo de investigación de la firma 23andWe.
Al proporcionar esta información, los clientes de 23andMe van creando un valioso “biobanco” para la compañía. Dado que, a diferencia del Reino Unido, Estados Unidos decidió no crear un biobanco nacional debido a sus altos costos de creación (estimados en unos $1.000 millones), bien puede ser que 23andMe considere que su creciente biobanco le signifique un ahorro enorme.
Alrededor del 60% de los clientes de 23andMe han aceptado proporcionar la información solicitada. Por supuesto, se podría argumentar que no son “un público involuntario”, sino voluntarios altruistas. De hecho, tan generoso que, además de pagar la prueba, regala el valor que posea el trabajo posterior que se lleve a cabo sobre sus datos epidemiológicos.
Tom Sawyer se las ingenió para no caer en esa estrategia de negocios cuando convenció a sus amigos de que le pagaran por el privilegio de hacerse cargo de su odiado castigo de pintar la valla. Pero la mayoría de los sujetos de investigación científica no pagan por participar: se les paga, o bien contribuyen con su tiempo de forma gratuita.
La demanda de Casey ha atacado esta práctica, a la que su abogado llama “una manera muy poco disimulada de hacer que la gente pague [a 23andMe] por crear una base de datos de ADN”. Incluso, 23andMe admite que el biobanco es el núcleo de la estrategia de la empresa. “Lo que más importa aquí no es hacer dinero vendiendo kits, aunque son esenciales para obtener los datos de nivel de base”, dice el ejecutivo Patrick Chung. “Una vez obtenidos los datos, [23andMe] se convierte en la práctica en el Google de la atención sanitaria personalizada”.
Precisamente ese es el problema, según Seife. El enorme almacén de datos corporativo que Google ha acumulado a través de todas nuestras búsquedas se ha convertido en su activo más valioso. “Al parcelar esa información para ayudar a los anunciantes a llegar a nosotros, con o sin nuestro consentimiento, Google gana más de $10.000 millones cada trimestre”, escribe Seife. En otras palabras, los usuarios se han convertido en el producto.
Es verdad que la declaración de privacidad de 23andMe estipula que “utiliza información genética y provista por los usuarios [solamente] de aquellos que hayan dado su consentimiento”. Pero también incluye una cláusula menos prominente: “Si usted no da su consentimiento... podemos seguir utilizando su información genética y/o provista por usted para fines de investigación y desarrollo”. Esto “puede incluir la divulgación de conjuntos de información genética y provista por el usuario a terceros dedicados a la investigación con fines comerciales y/o sin fines de lucro que no publicarán esa información en revistas científicas revisadas por expertos”.
En otras palabras, todavía se permite el uso comercial de la información no identificable sin el consentimiento explícito de los donantes. Eso es lo que preocupa a los libertarios y a cualquiera a quien le inquiete el aumento de las iniciativas en línea para recopilar información de carácter personal.
En palabras de la publicación de Wojcicki en el blog de 23andMe, “Wikipedia, YouTube y MySpace han cambiado el mundo al dar poder a las personas para que compartan información. Creemos que este mismo fenómeno puede revolucionar la atención médica”. Pero, si las personas lo hacen involuntariamente, es la empresa, y no sus clientes, la que gana poder.
Donna Dickenson es profesora emérita de Ética Médica en la Universidad de Londres y autora de Me Medicine vs. We Medicine. © Project Syndicate.