Como respuesta obligada al campo pagado por Cementos David (COMCOAS, S. A.) publicado en mi contra el día 25 de mayo del 2010, en defensa de mi intachable gestión como Alcaldesa de Alajuela, donde he actuado apegada a la Ley y a los intereses municipales, me veo en la obligación de manifestar ante la opinión pública lo siguiente:
Aproximadamente a finales de setiembre de 2009, vecinos organizados de la comunidad de San Rafael de Alajuela presentaron ante mí una denuncia por la construcción de una fábrica de cemento. De previo a tomar cualquier decisión, ordené una investigación como correspondía. En noviembre de 2009, por los resultados arrojados, ordené la clausura de la construcción, de conformidad con la Ley de construcciones. Mi orden se fundamentó en lo siguiente:
k1) El uso de suelo aprobado lo fue para una planta de agregados para la construcción (arena, piedra y lastre), y no para una fábrica para la producción de cemento tipo Portland, como la que se construye (y como sí se informó con detalle a Setena, pero no a la Municipalidad).
k2) La Municipalidad aprobó un permiso de construcción para nave industrial y edificio administrativo de comercializadora de concreto y asfalto para un área de construcción de 3.946 m² (comercializar concreto y asfalto no es equivalente a fabricar cemento).
k3) El cálculo de los impuestos municipales se realizó sobre un área de 3.946 m².
k4) En el contrato profesional presentado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, la empresa indicó que la construcción es de 25.000 m². La clausura ordenada en mis funciones de Alcaldesa obedeció a las inconsistencias halladas en cuanto a los permisos obtenidos para un tipo de industria (comercializadora de concreto y asfalto), diferente a la que se construye (fábrica de cemento).
La empresa interesada me recusó porque uno de mis hermanos forma parte de una junta directiva de una empresa cementera, con la que eventualmente competirá, hecho que yo desconocía. Ante esto, por honradez, transparencia e imparcialidad, voluntariamente me inhibí de continuar resolviendo sobre el caso.
El tiempo se ha encargado de confirmar los motivos que fundaron mi decisión:
· En entrevista publicada por Diario Extra el 23 de noviembre de 2009, don Marcos Méndez, representante legal de la empresa Comcoas - Cementos David reconoció que había una diferencia entre lo construido y el permiso otorgado, al indicar: “El diseñador señala 25 mil metros de área de proyecto y el Colegio hace una tasación de 3.946 metros cúbicos para construcción.”
kEl Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, mediante el informe de inspección N.° DRD-INSP-1089 de 8 de diciembre del 2009, confirmó las irregularidades en el proceso de construcción del proyecto señalando que “El segundo plano tramitado bajo los contratos OC-486473, OC-486480, OC486483 (diseño, dirección técnica e inspección) no fue tramitado a la Municipalidad de Alajuela, por lo que las obras incluidas en este contrato no cuentan con licencia municipal de construcción (edificio de producto terminado, la torre de silo, la torre de molienda). Las obras contempladas dentro del plano de conjunto (camino de acceso, patios, estacionamientos, caseta del guarda, subestación eléctrica, obras. mecánicas, área de secado, obras exteriores eléctricas y el área de pesaje) no fueron incluidas en las tasaciones realizadas por falta de información por lo que tampoco cuentan con los respectivos permisos de construcción”.
kEl 11 de enero de 2010, el Coordinador del Proceso Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Alajuela ordenó la clausura de lo construido por la empresa sin permiso municipal.
kNo es sino hasta el día 5 de abril de 2010, que la empresa propietaria del inmueble solicita el permiso de construcción para fábrica de cemento. En respuesta a esta solicitud, el Sub-Proceso de Planificación Urbana, mediante oficio MASPU-PR-0161-2010 de 3 de mayo de 2010, les pide cumplir con una serie de requisitos legales de previo a resolver la solicitud.
Así las cosas, no es cierto que COMCOAS, S. A. (Cementos David) haya construido con todos los respectivos permisos municipales ni que la suscrita haya incurrido en conductas sancionables. Por lo demás, mis declaraciones a la prensa se han hecho en uso legítimo del derecho de libre expresión y obligada por mis funciones.