Se celebraba en Sofía, capital de Bulgaria, la 23.ª conferencia general de la Unesco y el embajador en Bulgaria de la Rusia soviética presentaba a la mesa una ponencia donde se calificaba a Centroamérica como una región violadora de los derechos humanos. Entonces, el embajador de Costa Rica ante la Unesco, en el gobierno del presidente Luis Alberto Monge, Néstor Mourelo, previa autorización de nuestro ministro de Cultura, Hernán González, le solicitó una audiencia urgente al embajador soviético.
Concedida, este, terminante, le contestó: “Usted me pide el retiro de su país”. El diplomático costarricense le respondió: “Yo no le pido eso. Le informo que denunciaremos al mundo semejante infundio. Mi país es reconocido internacionalmente como respetuoso de los derechos humanos”. Elevada la consabida consulta a sus superiores, el embajador soviético optó por retirar toda la ponencia.
Acción ejemplar. Estas son importantes decisiones –habrá otras– de nuestra política exterior dignas de valorar. Ojalá guardemos, a la hora de tomar decisiones, la misma actitud de claridad y firmeza, como la del embajador de Costa Rica ante la Unesco.
En cuanto al proyecto de ley sobre extinción de dominio, cabe decir que es legítimo su fin: la confiscación de bienes de los narcotraficantes, pero el plan (expediente 19.571) constituye una utopía política persecutoria en manos del Estado y, prácticamente, desligada del aparato judicial costarricense. Hasta se crea un “órgano fiscal” sin mayores controles. Cualquiera se pregunta: ¿Quién o quiénes idearon el proyecto? El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez, quien antes de economista se hizo abogado, publicó un exhaustivo y extraordinario análisis legal del proyecto. Lo publicó en la Página Quince de La Nación el domingo 4 de junio, titulado “Un proyecto inconstitucional”.
Es de esperar que las instituciones invitadas a pronunciarse, entre ellas el Colegio de Abogados, lo hagan antes de la aprobación legislativa. También es de esperar que los diputados piensen primero en servir al país y se ciñan a la Constitución Política, sin invocar los derechos humanos citados en el proyecto, como lo hacía por propaganda la Rusia soviética en la conferencia de la Unesco.
Sistema de derecho. Tanto en la vida privada como en la pública, las decisiones no son descartables. El país merece una vida marcada por el predominio del sistema de derecho más la paz social imperante, no por la prevalencia de una repudiable legislación.
Si las cosas no están bien, es mejor retirarlas del todo, como lo hizo el embajador soviético, que decir hoy sí y mañana no. Esa falta de decisión o juego gubernativo le causa mucho daño a la política, fomenta el abstensionismo electoral y le origina daño al país, pues poco a poco va adoptando y añadiendo males, llámese indiferencia, pasividad, relativismo moral desinterés…
La vida pide tomar decisiones ajustadas a la verdad. No tiremos por la borda principios, valores y buenas costumbres.
El autor es abogado.