El tema fiscal ocupa, nuevamente, la atención del país. El desequilibrio de las finanzas públicas sigue su paso ante la mirada relativamente pasiva de muchos costarricenses. La situación es tal que hasta el Presidente, quien en campaña política afirmaba que un déficit del 5% o un 6% del PIB era manejable y que con medidas administrativas podía posponerse el aumento en los impuestos hasta por dos años, ahora lanza llamadas de auxilio para corregir el problema.
El desequilibrio ha estado con nosotros durante varios años; no es algo creado por esta administración. Pero dejando de lado elementos retóricos o medidas de poca eficacia, es poco lo que esta administración ha hecho por corregirlo. Antes bien, durante el 2014, pese a lo dicho por el Presidente en su mensaje inaugural, más bien se adoptaron acciones que lo exacerbaron.
Por eso es que todavía no hay confianza entre los diferentes grupos de la sociedad respecto a la verdadera voluntad del Gobierno para enfrentar el tema. Por ello, existe temor entre muchos grupos de darle nuevos recursos al fisco sin antes adoptar acciones para controlar el gasto. Tienen razón.
Examen de conciencia. Para avanzar se necesita, primero, un verdadero examen de conciencia y un propósito de enmienda por parte del Poder Ejecutivo y, en particular, del Presidente.
Creo que se avanzaría mucho si él reconociera que su mensaje de campaña no era el correcto, ya sea porque lo aconsejaron mal sus asesores o porque no conocían la verdadera situación fiscal. También avanzaríamos si reconociera que sus primeras acciones de autorización de gasto agravaron el problema, incluyendo, desde luego, el presupuesto del 2015 sometido a consideración de la Asamblea Legislativa y “aprobado” mediante artificios que la Sala Constitucional consideró inadecuados.
Fue una lástima que en la campaña política el candidato Solís no escuchara debidamente a don Ottón, quien sí tenía muy claro el problema, y que tampoco lo escuchara cuando se discutió el presupuesto.
Lamentablemente, el capital político con el cual el Presidente asumió funciones, que le hubiera sido de gran utilidad para plantear una solución integral al problema fiscal, se desaprovechó. Al principio de su administración la mesa no estaba vacía: el ministro de Hacienda del gobierno anterior hizo un esfuerzo interesante por colocar el problema en la discusión nacional, justo durante las elecciones; el Partido Liberación Nacional no solo planteó durante la administración anterior una reforma fiscal, la cual fue aprobada en primer debate, sino que además indicó en la campaña su disposición por enfrentar de lleno el problema, desde el primer día de su eventual gobierno. Eso tampoco se aprovechó. Pero esa agua ya corrió por el río. Lo importante ahora es avanzar en busca de un remedio.
La solución del déficit fiscal requiere un mensaje claro de parte del Poder Ejecutivo. Son ya varias las ocasiones en que, ante las propuestas del Ministerio de Hacienda, cuyo jerarca es también vicepresidente de la República, el presidente Solís reacciona enmendándole la plana.
Dos ejemplos ilustran esta aseveración: la propuesta de don Helio para gravar con el impuesto sobre la renta a las cooperativas y la declaración de altos funcionarios de Hacienda respecto al impacto del traspaso de recursos a las municipalidades. En ambos casos, el Presidente salió a la prensa para asumir una posición contraria a la del Ministerio, para después pedir acciones para enfrentar el déficit.
Oportunidades. La administración Solís Rivera tiene en los próximos meses la oportunidad de mostrar su compromiso con el ajuste fiscal. Pronto deberá discutir la asignación para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Si el año pasado el Presidente entregó, con largueza, recursos inexistentes a las universidades, ahora puede hacerlas partícipes del problema que enfrenta el país, máxime que deberían ser ellas los entes más indicados para entenderlo.
El nuevo FEES debe ser limitado y las universidades, como se le está solicitando al resto de la sociedad, deben también poner su cuota de sacrificio. Es claramente injusto que mientras los empleados del sector privado reciben aumentos acordes con la inflación, los funcionarios universitarios perciban aumentos salariales significativamente mayores, aunque no acumulen méritos adicionales.
La administración tiene la oportunidad de reafirmar, como lo hizo en enero, su decisión de limitar el incremento salarial a sus trabajadores de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Pero puede ir más lejos e instruir a sus ministros para que las evaluaciones sobre la ejecutoria anual, que es el disparador de incrementos más allá de la inflación, se lleven a cabo con rigurosidad, de forma que se premie el esfuerzo extraordinario y no el cumplimiento normal de las funciones.
No debemos olvidar que en el periodo 2008-2009 se aprobaron incrementos sustanciales al salario base de los empleados públicos, sin que estuvieran supeditados a mejoras en la productividad.
El presupuesto, que debe presentarse a consideración de la Asamblea Legislativa el primero de setiembre, es otra oportunidad para mostrar el verdadero compromiso con el ajuste fiscal, como bien lo indicó la señora contralora.
La experiencia del año pasado todavía gravita en el medio político y económico. El proyecto para el 2016 debería contener un recorte en el gasto, no solo en términos reales, sino nominales. Ello exige un ejercicio serio de fijación de prioridades y la búsqueda de vías para reducir aquellos gastos en los que se puede actuar.
La responsabilidad de identificar esos recortes no es de la oposición legislativa, como lo han sugerido el Presidente y su ministro de Hacienda: es del Poder Ejecutivo.
La situación fiscal estaba cercana al borde del precipicio cuando asumió funciones la administración Solís Rivera y, con las acciones adoptadas en estos trece meses, el país ha dado algunos pasos al frente.
Los espacios de acción son ahora mucho menores, como reiteradamente lo han indicado las calificadoras de crédito externas y los analistas internos.
Una acción rápida y decidida del Poder Ejecutivo permitirá generar credibilidad en el compromiso hacia el ajuste, lo cual es necesario para avanzar. La bola está hoy en Zapote.
(*) El autor es economista