La solicitud de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) de elevar el arancel al azúcar contradice la Constitución Política en lo referente al valor de la competencia.
Las limitaciones sustanciales que posee el marco legal de competencia no cambiarán así se apruebe el proyecto de ley 21303, con el cual se pretende fortalecer a las autoridades a cargo de la materia, requisito para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En cuanto al mercado del azúcar, la Ley 7818 creó una empresa no gubernamental formada por representantes del mercado que participan en diferentes niveles de la cadena productiva y de comercialización con autorización para regular las actividades relacionadas con la adquisición, importación, exportación, almacenamiento y comercialización del azúcar producido en el país.
En el mercado del arroz, por su parte, hallamos regulaciones que han impedido la materialización de los beneficios de la competencia.
En ambos casos, como en otros en los cuales hay normas proteccionistas, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) emite criterios que, a lo largo de los años, terminan en nada, pues no son vinculantes.
Lo anterior, pese a las documentadas distorsiones en el mercado o pruebas de que el consumidor termina pagando la factura de la falta de otros oferentes del mismo producto.
Otras acciones del gobierno también violan el artículo 46 de la Constitución Política, como las emprendidas contra Uber y demás servicios disruptivos. Evidentemente, son servicios que regulados o no se prestan, pero son acusados de estar al margen de la ley.
Tanto Uber como otras empresas pertenecientes a la economía colaborativa son una gran oportunidad para identificar las fallas de nuestro mercado. Si es necesaria su regulación, es de esperar que sea mediante una prudente generación de reglas que motiven la competencia, y que coloque a prestadores tradicionales de servicios, como los taxistas, ante la necesaria revisión de un entorno legal que genera presiones negativas, que desmotivan la innovación, aumentan los precios y menoscaban la apuesta por más calidad. Todo lo cual va en contra del consumidor final.
Nadie duda de que en todos los mercados la competencia debe prevalecer, y en cada uno debe existir certeza jurídica para ayudar al desarrollo de nuevos modelos de negocio.
De cara a la potencial aprobación del proyecto de ley antes dicho, los retos de la competencia para el país no terminan con el fortalecimiento de pura forma que conserva no poder tocar, en sustancia, los varios monopolios y oligopolios.
La autoridad, en todo caso, que debe ser autónoma e independiente, tendría una herramienta que ojalá use con toda su potencia y es llevar a juicio constitucional regulaciones que traicionan el espíritu constituyente de la competencia.
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El autor es consultor.