Costa Rica es el país de Centroamérica donde las medicinas son más caras y las diferencias suelen llegar hasta un 33 % entre farmacias.
Si nos comparamos con países del primer mundo, las diferencias de precio llegan incluso al 1.000 % por un mismo medicamento, producto del acaparamiento del mercado nacional.
Las importaciones y la venta están en manos de dos grupos económicos, los cuales compran en el extranjero el 62,35 % y venden el 70 % de los medicamentos del país.
El Proyecto de Ley para Promover la Competencia en el Mercado de Medicamentos (expediente 21368) incluye el desarrollo de una política de prescripción por denominación común internacional (DCI). Dicho de otro modo: prescripción por el nombre del principio activo y no por marca, medida que la OMS y la OPS han promovido como acción para ayudar a las personas a rebajar el gasto en medicamentos.
El objetivo de la DCI es eliminar el condicionamiento del médico para que el paciente compre únicamente medicamentos de marca (más caros) y para que, en su lugar, adquiera otro con el mismo principio activo (que es lo que cura), pero más barato, con base en que los fármacos en nuestro país tienen garantizada su eficacia desde el momento de ser avalados para la venta por el Ministerio de Salud.
Errores por evitar. Esta forma de prescribir se utiliza en gran cantidad de países. De ellos extraemos valiosas experiencias para contar con una política de DCI, pero también hay errores que no debemos cometer en Costa Rica, por ejemplo, recetar incluyendo la marca junto con la DCI, pues frustra el objetivo de evitar hacer a los enfermos consumir el medicamento más caro.
Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, entre otros, modificaron sus legislaciones para que las prescripciones se hagan solamente por medio de la DCI.
Otro error es no establecer excepciones, como es el caso de medicamentos de estrecho margen terapéutico porque sí conviene que prevalezca la marca hasta tanto Salud no garantice el intercambio entre diversas opciones, o bien, cuando se trate de pacientes que, por razones especiales, solo pueden recurrir a una serie limitada de los fármacos disponibles contra su padecimiento. Un tercer error es no establecer sanciones por el incumplimiento, pues se ha demostrado que los médicos no están dispuestos a aceptar esta política de modo voluntario.
Una sencilla política como esta beneficiaría, sobre todo, al 40 % más pobre de nuestra población, máxime cuando entre dos opciones para un mismo padecimiento existen diferencias de precio que pueden representar hasta un 10 % del ingreso promedio de estos hogares.
El Ministerio de Salud está pronto a publicar el decreto para ejecutar la política de prescripción por DCI. Espero que el documento cumpla los tres elementos fundamentales.
El autor es diputado.