Hablar de impuestos está sobre la mesa del debate político y económico como componente del plan para superar el embate de la pandemia; sin embargo, se menciona poco, o casi nada, el beneficio para las finanzas públicas del cobro adecuado de los impuestos a las empresas que brindan servicios transfronterizos digitales, es decir, proveedores no domiciliados en el país, pero que lucran por medio de sus plataformas en Internet.
En diciembre del 2019, mediante un borrador de resolución, la Dirección General de Tributación Directa propuso los mecanismos para cobrar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a 191 empresas de ese tipo. Posteriormente, el 11 de junio del 2020, fue publicada una lista reducida de 108 servicios que iban a pagar el IVA a partir del 1.° de agosto del 2020. Pero aparentemente el fisco negoció con únicamente 19 de tales compañías, cuyo cobro del IVA se iniciaría el 1.° de octubre del 2020.
Tomando como base la lista de 108 empresas iniciales, detectamos que algunas ni siquiera están inscritas como contribuyentes del impuesto sobre la renta en Costa Rica o no generan facturas electrónicas por sus servicios, entre estas Uber, Netflix, Glovo, Amazon Prime, Spotify, Airbnb y Expedia.
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas los servicios transfronterizos quedaron gravados desde el 1.° de julio del 2019; sin embargo, Tributación Directa, dependencia del Área de Ingresos del Ministerio de Hacienda, no garantizó el cumplimiento.
Una mina. Considerando las actividades económicas de 51 empresas extraídas de la lista de 108, existe una gran variedad de servicios transfronterizos digitales, por ejemplo, de descarga continua (streaming) como la música, publicidad en las redes sociales, agencias de viajes, almacenamiento en la nube, videojuegos, juegos de azar, forex minorista en línea, seguridad digital, creación de sitios web y demás labores informáticas.
Según estimaciones llevadas a cabo por los autores de este artículo, en el 2019 el fisco debió recaudar por concepto de IVA y renta, si hubiera cobrado a las empresas antes señaladas, aproximadamente $111 millones; sin embargo, cabe destacar que, para el cálculo del monto por renta, utilizamos una tasa austera del 15 %, por lo cual, si se emplea una más realista —del 30 %, por la naturaleza de las actividades desempeñadas por cada una de las megacompañías— obtendríamos una cantidad aproximada de $160 millones.
Podría concluirse, entonces, que las empresas oferentes de servicios transfronterizos debieron haberle pagado al Gobierno Central entre un 0,18 % y un 0,26 % del producto interno bruto.
El plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, elaborado por el Consejo Económico, indica que los ingresos fiscales posibles de percibir por la declaración de este tipo de compañías rondan el 0,03 %, un cálculo muy por debajo de lo aquí presentado.
Justicia tributaria. Aunque a simple vista el aporte pareciera insignificante para el erario, la contribución sería mayor que si se aplicaran ciertas medidas permanentes y temporales propuestas en el plan del gobierno.
Además, cobrar en cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas promueve más equidad en la distribución de los ingresos que medidas como un nuevo impuesto del 0,3 % sobre las transacciones bancarias, el cual es completamente regresivo porque castiga a cada costarricense con un tributo directamente proporcional a sus ingresos.
Cabe destacar que en lo referente a las empresas dedicadas al comercio tanto de bienes como de servicios (Amazon, Apple, BestBuy y PlayStation) solo tomamos en cuenta el ingreso bruto obtenido por lo segundo.
De Apple, solo se incluyeron las ganancias producidas por iTunes, la tienda de entretenimiento en línea, así como de software, contenido digital, AppleCare, Apple Pay y licencias.
En cuanto a las demás empresas, se incluyeron todas sus actividades lucrativas, por ejemplo Microsoft, cuyos ingresos brutos provienen principalmente de las licencias de sus softwares, pero también tiene utilidades por el uso de plataformas como Skype, OneDrive y LinkedIn.
En vista del déficit fiscal del Gobierno Central, cobra gran relevancia hacer un esfuerzo por no perder fuentes cuantiosas de recursos frescos, tan necesarios en este momento de crisis, en especial, cuando estos son impuestos de larga data.
Los autores son economistas.