Dos jueces de trabajo interpusimos en abril del 2017 una acción de inconstitucionalidad contra los dos acuerdos administrativos de la Corte Plena tomados, en el 2008 para incrementar los salarios base de los 22 magistrados en un 35 % y un plus que oscilaba entre un 10 % y un 58 % de los sueldos base para los funcionarios de “clase gerencial”, y en el 2010 para sumar el plus de marras al salario base de los beneficiados, con el consecuente efecto multiplicador en anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, cálculo de vacaciones, aguinaldos, cesantía y jubilaciones.
En la acción se solicita el cese inmediato por desproporcionados, irracionales y por representar un uso abusivo de los fondos públicos.
Han transcurrido casi 24 meses desde que presentamos el recurso. Durante este lapso, se han pensionado funcionarios que percibían el componente. Dado que el Poder Judicial paga un mes de salario por año de servicio, hasta un tope de 12 de cesantía, si esas personas actualmente jubiladas devengaban salarios entre ¢6 millones y ¢9 millones, pudieron haber recibido entre los ¢72 millones y los ¢108 millones.
Los privilegiados han seguido percibiendo los sueldos indecentemente incrementados, así como aguinaldos y salarios escolares, puntualmente y sin menoscabo. Esto evidencia un trato desigual y ofensivo en un Estado de derecho para las poblaciones desempleadas, parcialmente empleadas y para quienes viven en pobreza extrema, cuyos ínfimos o inestables ingresos deben pagar impuestos para financiar tales sueldos millonarios.
Los escandalosos valores por auxilio de cesantía se les han pagado incluso a exservidores que mantienen causas abiertas en el Ministerio Público, hayan sido magistrados, fiscales u ocupado otros puestos.
La denegación de justicia para los costarricenses, quienes deben pagar cada vez más impuestos destinados a cubrir esos sueldos tan ajenos a la realidad de más de un 20 % de la población, es palpable e insoportable para todo ser humano que tenga empatía con los menos favorecidos en el plano económico.
Es un hecho público y notorio en la realidad nacional que ha aumentado el desempleo, que ha crecido la cantidad de habitantes en condición de pobreza extrema y que esas realidades, con su sombra horrorosa, están generando más delincuencia, más agresiones a la ciudadanía y más muertes por violencia.
El abuso de potestades administrativas que favorece un trato aristocrático para una minoría de la población judicial (los que han ocupado y ocupan los 46 puestos “premiados”) representa innegablemente una injustificable falta de valores.
Tristemente, también dejan muy malparada a la Sala Constitucional, que ha sido diligente para resolver otras acciones en las que fueron eliminados beneficios laborales para otros empleados públicos, pero no actúa con la misma celeridad cuando se trata de examinar la manera como se conformaron los salarios de sus propios integrantes.
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La autora es jueza de trabajo.