El reto que enfrenta la contralora, Marta Acosta, es tomar una decisión firme sobre los controles previos, discusión de vieja data.
La Contraloría aprueba a priori, pero la responsabilidad de las consecuencias negativas no las asume. Un ejemplo es la investigación del chárter contratado con el fin de traer equipo de protección médica para luchar contra la covid-19.
Se autorizó la contratación directa, seguramente con 200 condiciones, pero ahora la auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) investiga si se cumplió la normativa al seleccionar a la empresa DHL.
Debido a las tendencias del new age, cualquier cosa que esto signifique, la fiscalización es un ejercicio de coaching porque el funcionario debe tomar conciencia de que si se equivoca, le abrirán un procedimiento administrativo.
Este enfoque sigue centrado en los procedimientos, puesto que para la Contraloría pesa más la forma que el fondo. Si se hizo todo al pie de la letra, no importa el resultado, sino el procedimiento.
Es una forma fácil de hacer fiscalización, pues el procedimiento es el parámetro para evaluar el desempeño, sin desgastarse en análisis de resultados, de costo-beneficio o value for money de lo actuado.
Lo anterior lleva al tercer reto: utilizar su competencia sancionadora no de manera indiscriminada, sino más bien apuntando a aquellos casos en los cuales la verdad real de los hechos habla por sí misma.
En varias ocasiones se abre un procedimiento administrativo sancionatorio, pero se deja al órgano decisor la ingrata tarea de terminar lo que la fiscalización posterior no fue capaz de hacer.
El juzgador simplemente debería contrastar los hechos determinados como posibles generadores de responsabilidad, con lo que tengan que decir las partes, pero no debería salir a completar investigaciones, levantar prueba y otras acciones porque el éxito de la fiscalización posterior está enfocado en cuántos funcionarios se envíen a procedimientos sancionatorios.
Un cuarto reto está en lo que fue una visión compartida con Marta Acosta hace más de 20 años, cuando nos correspondió apoyar al entonces contralor en el diseño, ejecución y evaluación de la modernización que en el camino perdió muchos de sus principios.
Retomar esos principios y adaptarlos a las demandas actuales y futuras será el mejor legado que Marta Acosta dejará al país.
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El autor es economista y abogado.