En los últimos seis años, el manejo de las finanzas públicas ha sido desastroso. Luego de años de hacer una oposición intransigente, el PAC inició una cadena de errores en la campaña del 2014, cuando, demagógicamente, prometió al país que en los dos primeros años de su administración no incrementaría los impuestos para demostrar cómo “cortando el gasto superfluo, cobrando los impuestos y eliminando la corrupción, sobraría dinero en las arcas públicas”.
Esa posición resultaba atractiva para el votante, pero fue anteponer un interés electoral a las necesidades del país. El PAC obvió adrede la recaudación fiscal. Al la vez, por el lado del gasto, actuó de forma irresponsable: otorgó transferencias exageradas a las universidades; el presupuesto del 2015, aprobado ilegítimamente, creció en un 19 %; y concedió aumentos salariales muy por encima de la inflación.
Cuando la necesidad de ingresos resultó obvia, desde la oposición, advertimos que no serían aprobados impuestos si, paralelamente, no entrábamos a conocer las reformas al empleo público y a las pensiones, y la aprobación de la regla fiscal. Entonces, en enero del 2017, el gobierno retiró de la corriente legislativa la propuesta de empleo público para postergar la discusión sobre la aprobación de impuestos con tal de evadir el debate sobre el empleo público.
Solís cerró el cuatrienio con dos desaguisados: anunciando que el país estaba próximo a caer en mora, con lo cual generó zozobra en los mercados financieros; y remitiendo al Congreso un presupuesto que no cubría todas las obligaciones del 2018. Casualmente, con ese tema cerré el primer debate de candidatos presidenciales, organizado por la Uccaep, en donde afirmé que el futuro presidente tendría, entre sus primeras tareas, que mandar un presupuesto extraordinario para cubrir necesidades apremiantes dejadas al descubierto. Entonces, era un hecho público que el presupuesto había omitido partidas esenciales.
Segundo capítulo del PAC. La administración Alvarado, lejos de solventar la ilegalidad presupuestaria recurriendo de inmediato a la Asamblea Legislativa, violó de nuevo el ordenamiento jurídico, lo que le costó el cargo a la ministra de Hacienda. Ese fue un inicio que evidenciaba la falta de visión y capacidad ejecutiva de la que hoy somos testigos.
En el Congreso, gracias al ejemplar apoyo de la oposición, se aprobó el plan fiscal y una partida de eurobonos. El paso siguiente correspondía al Ejecutivo. Pero este fue débil y permitió que surgieran contradicciones en varias instituciones, entre ellas la CCSS, reacia a cumplir lo que la nueva legislación le ordenaba.
Tampoco frenó el gasto, al punto que anunció un nuevo edificio para el CNP, por ¢3.300 millones. Además, ratificó convenciones contra la ley, manipuló el presupuesto pasando por inversión gastos corrientes de las universidades; y todavía estamos esperando las medidas para la reactivación económica. Como resultado, el 2019 cerró con un déficit que crece descontroladamente, aun con la reforma tributaria.
El gobierno presenta ahora nuevas medidas que es necesario comentar:
Asegura que esas acciones no significan más impuestos ni despidos. Lo primero sobra decirlo porque la Asamblea no lo aprobaría jamás, pero comprometerse a no despedir funcionarios es negar valor real a la reestructuración institucional. Algunas ya no son necesarias para el país y otras duplican programas. ¿Qué hacer con ellas sin tocar la planilla? Lo sensato es proponer un plan para incorporar a muchos de esos empleados al sector privado.
En cuanto a la venta de Bicsa y Fanal, ¿cuál es el valor de Fanal? Sin monopolio, es cero, y no es posible crear monopolios particulares. Si el deseo es bajar “la hipoteca”, debe agregar a la lista activos más valiosos, como el BCR y el INS, así como poner a competir a Recope y cobrar un canon a los nuevos operadores, entre otras medidas.
Cuando el ministro habla de eliminar exoneraciones, debe entregar la lista para medir su verdadero impacto. Cuando afirma que ahorrará $630 millones anuales debido a la reforma al empleo público y la mejora administrativa, parece hablar de una cifra alegre y poco creíble, sobre todo si el gobierno se ha comprometido a no tocar la planilla.
Propuesta limitada. Existen dos grandes problemas adicionales: primero, el plan carece de un verdadero recorte al gasto; si esto no se hace, la deuda no va a reducirse. Y, segundo, para lo anterior se requiere convicción y liderazgo. Es inaceptable que varias instituciones dijeran que el recorte del superávit será menor, que el CNP se oponga a vender Fanal y que se cuestione a la máxima autoridad política. Un plan así, sin jefe en casa, no va para ninguna parte.
Mientras tengamos una propuesta tan limitada, un liderazgo tan endeble y la resistencia a cumplir estrictamente la regla fiscal, como mandan la Contraloría y el BCCR, el Congreso no debe aprobar más eurobonos y debe descartar ocurrencias como eliminar el secreto bancario, que, por cierto, no existe si se cumple la garantía judicial.
El autor es excandidato a la presidencia de la República.