La primera pregunta que uno se hace es si una institución necesaria, como lo es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), cuenta con los recursos humanos y financieros suficientes para atender las necesidades crecientes de los niños, los adolescentes y sus familias, particularmente, de aquellas en mayor riesgo psicosocial.
La respuesta es no, pero es una institución que merece ser apoyada por el Estado de manera más clara y decidida.
No todas las respuestas institucionales dependen solo de lo económico, pero una de las debilidades es que, por ley, el PANI dispone de dinero, pero los fondos no se le giran o su ejecución se ve limitada por razones de diversa índole.
Es urgente que cuente con personal en capacitación y actualización permanentes; empoderado en su papel y con una autoestima fortalecida, resultado de políticas institucionales que respalden y motiven al trabajador eficiente y comprometido con sus funciones.
Como en toda institución, hay regulares y malos jefes y subalternos, los cuales deben ser detectados mediante una evaluación y asumir consecuencias; sin embargo, existe un grupo significativo de empleados en las trincheras ejerciendo sus funciones directamente con las personas y sus problemas para los cuales la situación actual se está volviendo peligrosamente insostenible; no porque no quieran cumplir sus responsabilidades, sino porque la realidad los supera.
Problemas complejos. Son muchos los años de acumular situaciones complejas, motivo de atención cada vez más frecuente, como drogadicción, narcotráfico, explotación sexual o comercial, embarazo y maternidad adolescente y conductas violentas y delincuenciales, a lo cual se suma lo que tradicionalmente ha atendido el PANI.
¿Puede la institución, con los recursos actuales, dar respuestas adecuadas a lo anteriormente expuesto? Si agregamos las debilidades también acumuladas durante años de desatención en el sector salud de la población adolescente y la elevada expulsión en secundaria, más la pobreza, la creciente desigualdad y el desempleo, no se puede esperar otra cosa que el aumento de la demanda del PANI.
Empeora esta situación la débil coordinación interinstitucional e intersectorial, indispensable para dar respuestas integrales a los motivos de demanda de atención para el PANI. Estos hechos los viven los funcionarios de todas las regiones, sobre todo, en las más alejadas y en sitios más conflictivos.
Por ello, además de más recurso humano sensibilizado, capacitado y motivado, se requiere, sin la menor duda, un eficiente y eficaz Sistema Nacional de Protección, en el cual, por mandato de ley, están representadas todas las instancias gubernamentales y no gubernamentales existentes en el país, cuyo objetivo máximo es proteger los derechos de las personas menores de edad.
Este sistema está encabezado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, instancia de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones en general y la sociedad civil. Sin embargo, teniendo tan claras y relevantes funciones, su presencia y efecto son limitados para las necesidades de nuestra niñez y adolescentes.
Contribución social. Lo anterior pone en evidencia que la responsabilidad de la protección y defensa de los derechos de los niños y los muchachos es de todos.
Como nunca, que exista un Patronato Nacional de la Infancia fuerte es una necesidad sentida en nuestra sociedad, fundamentalmente, por el liderazgo esperado en lo relacionado con los menores de edad.
Esto y más está plasmado en la visión del PANI; sin embargo, acercarse a esa visión no solo requiere de gestión y clara comprensión del entorno social, sino también de recursos y de un compromiso de todos los actores responsables de la protección de la niñez y los adolescentes.
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El autor es pediatra.