La pandemia ha sido despiadada, no solo con la salud de las personas, sino también con la economía de nuestro país.
Una de las repercusiones más feroces es el ensañamiento con el empleo. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que, a finales del año pasado, hubo 206.000 personas desempleadas más en comparación con el mismo período en el 2019, para un total de 517.000 sin ingresos y sin esperanza.
El subempleo también aumentó, en 297.000 personas en el 2020, y llegó a una histórica tasa del 23,8 %, esto es, 12,1 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre de agosto, setiembre y octubre del 2019.
El subempleo se define como las personas que trabajan menos de 40 horas semanales y desean laborar más tiempo, pero lastimosamente no pueden.
Los estudios del INEC —valiosos para la toma de decisiones— revelan que entre las razones de la destrucción de puestos de trabajo figuran el cierre de negocios por falta de clientes, la finalización de contratos ocasionales o término de estos por reestructuración interna y la emergencia sanitaria.
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Consecuencia de problemas irresolutos. La explosión del desempleo responde a problemas sin resolver previos a la pandemia, producto de un gobierno con escasas ideas para reactivar la economía y a la emergencia de la covid-19 misma.
Eso llevó a la Asamblea Legislativa a actuar con celeridad y responsabilidad para contener los efectos, y aprobamos en marzo del año pasado la autorización de reducción de jornadas de trabajo con base en la declaratoria de emergencia nacional (Ley 9832).
Se previó inicialmente que sortearíamos los efectos económicos de la crisis sanitaria en seis meses, como fue planteado en la ley, pero no resultó como se esperaba, lo cual llevó al Parlamento a analizar la prórroga.
Según los últimos datos revelados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 80.300 personas tenían el contrato suspendido, de las cuales únicamente 9.223 reanudaron labores.
Por otro lado, de 163.696 con la jornada reducida, solamente 13.481 volvieron a su horario completo y a 6.750 se les mejoró la jornada.
Plazo reducido. Era palpable, entonces, la necesidad de aprobar la propuesta de la diputada María Inés Solís. Sin embargo, el texto inicial del expediente 22265, Ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, planteaba la ampliación por seis meses más, lo cual, a nuestro juicio, era muy amplia, en detrimento del trabajador.
Tuvimos en cuenta que hubo una reapertura económica después varios meses de fuertes restricciones. Por eso, la moción que contemplaba una ampliación únicamente por tres meses más fue aprobada.
Sabemos el esfuerzo que están haciendo los empresarios para sostener a sus trabajadores, de ahí el porqué les brindamos esta herramienta jurídica; sin embargo, esta debe aplicarse en un rango proporcional, que no afecte más a la clase trabajadora.
La mayoría de la Asamblea Legislativa consideró que el plazo debía ser durante tres meses más, únicamente para que podamos reactivar la economía y regresar la confianza al trabajador de iniciar un año con buen empleo entre tanta incertidumbre.
Estamos convencidos de que esta ley traerá alivio a muchos empresarios que no desean desamparar a sus colaboradores y ayudará a que muchos trabajadores y sus familias mantengan un ingreso que les permita sobrevivir y sortear los difíciles momentos que atravesamos como nación.
Todo lo anterior con miras a enrumbar al país por el sendero de la reactivación económica, apuntando a mejores condiciones de empleabilidad para Costa Rica.
El autor es jefe de fracción del PLN.