Los recientes escándalos de funcionarios debido a deudas fiscales, la impunidad de algunas personas que han ocupado altos cargos en los gobiernos, así como actos de corrupción y la ineficiencia en el uso de los fondos públicos repercuten directamente en la motivación del contribuyente para el pago de impuestos.
El fraude fiscal no se resuelve únicamente con sanciones y represión, necesita también de una dosis de responsabilidad, eficiencia y justicia de parte de quien administra el erario.
A inicios del 2000, la Contraloría General de la República analizó la correlación del pago de impuestos y la insatisfacción ciudadana en su informe El sistema tributario costarricense.
A lo largo de 20 años, la clase política ha hecho poco, o muy poco, para revertir las causas indicadas en el reporte, como, por ejemplo, que si se quiere enrumbar al país hacia otro tipo de compromiso fiscal, se le deben ofrecer elementos informativos coherentes y sostenidos al ciudadano que coadyuven a rehacer la matriz significativa del término tributo, dinero que no debe desvanecerse al entrar a las arcas del Estado; sino seguir una trayectoria clara y eficiente.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en los años 2013 y 2019 los resultados de un estudio científico sobre los motivadores para la evasión y cuál es la percepción ciudadana, especialmente en países en vías de desarrollo, sobre las cargas impositivas (incluidas las sociales).
El estudio demostró que la satisfacción con la calidad de la democracia y de los servicios públicos, así como la confianza en el gobierno, se encuentran directamente vinculados a la moral fiscal de la gente. La resistencia al pago es natural cuando no se reciben las contraprestaciones básicas del Estado o se reciben mediocremente.
Los tributos son el precio que pagamos para vivir en sociedad, para disfrutar de un ambiente saludable, para recibir seguridad de una policía confiable, para ser atendidos cuando decae nuestra salud y para ser juzgados por jueces imparciales y apegados al imperio de la ley.
Pagamos para democratizar las oportunidades de surgir mediante un sistema educativo público y obligatorio, herramienta principal contra la desigualdad. ¿Lo recibimos?
Según la OCDE, una característica común en toda América Latina es la creciente desconexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas. El desacople pone en riesgo los avances socioeconómicos de los últimos quince años y está debilitando el contrato social.
Las exigencias de los ciudadanos por más transparencia e integridad, por una mejor calidad de servicios públicos clave, como la educación y la salud, y por apertura y transparencia del gobierno no están siendo atendidas.
En consecuencia, la confianza en las instituciones públicas se está erosionando, debilitando las bases del contrato social y la motivación para pagar impuestos que, en muchos casos, costaron trabajo y sacrificio.
Si el gobierno pretende luchar contra la evasión, no solo debe pensar en medios represivos, debe ver hacia dentro y cultivar la transparencia y la eficiencia, y erradicar la impunidad.
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El autor es abogado tributarista.