Cuando Costa Rica alcanzó cifras inmanejables de hacinamiento carcelario (52 %), en el 2015, basados en órdenes de los jueces de ejecución de la pena, 1.600 privados de libertad fueron cambiados de régimen.
Hacer lo correcto tuvo un costo político. Pese al éxito de la medida —la reincidencia fue apenas un 2,94 %—, algunos se empecinaron en sobrerrepresentar los casos de fracaso y en alimentar la idea de que el hampa había tomado las calles por culpa de unos torpes idealismos.
Nunca entendí por qué costó tanto sensibilizar a la gente acerca de una disposición acorde con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Reconozco mi ingenuidad y, seguramente, nuestra responsabilidad en no haberla comunicado mejor.
Las noticias recientes, con respecto a la pandemia de la covid-19, informan de que países tan distintos como Estados Unidos, Irán, el Reino Unido, Italia, Birmania y Argentina ordenaron el egreso de miles y miles de presos para evitar contagios.
Incluso, hace un par de semanas, aquí, los jueces dieron un plazo al Ministerio de Justicia para que los internos de las poblaciones más vulnerables fueran trasladados a otra modalidad para el cumplimiento de la pena.
Nuevamente, las resoluciones judiciales han generado una furibunda resistencia. No deja de sorprenderme la incapacidad de entender que lo que sucede en las cárceles podría tocarnos directamente, que el distanciamiento y el aislamiento en un encierro condicionan la salud física y mental.
No es necesario ser especialista para saber que los ámbitos penitenciarios son focos de contagio, que los niveles de sobrepoblación los convierten en reservorios del virus, donde los funcionarios, los policías y los reclusos son víctimas potenciales de la enfermedad.
Empujados por sus circunstancias. Estoy convencido de que allí ha estado el problema: muchos sentimos que la cárcel es una posibilidad muy lejana. Que ella caza solo a los malos. A los otros. No a nosotros.
La realidad dice otra cosa. Nos dice que a la prisión se llega por distintas razones, no solo por maldad. También por pobreza y exclusión social, como una señora que conocí hace unos días en el CAI Vilma Curling.
Después de sufrir un accidente de tránsito, sin trabajo, sin estudios y con siete hijos que mantener, decidió vender marihuana.
La consecuencia: siete años de cárcel y un hogar desintegrado. Porque en el tráfico de drogas, las mujeres pobres son fácilmente reemplazables; en el hogar, son insustituibles.
Nuestro sistema penitenciario es un depósito y, para peores, desfinanciado, de personas. Y eso es responsabilidad de años de desatención.
En 1998, sin más recursos, se ordenó verificar los cumplimientos de medidas alternativas. En el 2014, fue aprobada una ley de monitoreo electrónico sin prever un solo colón para su sostenimiento. Hubo que esperar dos años para la entrada en vigor, a costa de sacrificar otros programas.
Durante 30 años, no se ha parado de endurecer penas y crear nuevos delitos como promesa electoral, por demás incumplida, para reducir la criminalidad.
La Asamblea Legislativa se ha negado durante medio siglo, sistemáticamente, a aprobar una ley de ejecución penal. La demagogia política ha convertido la gestión del Ministerio de Justicia en una estructura institucionalizada para apagar incendios y poco más.
Sentido común. Ojalá, en este contexto, se comprenda que lo que pasa tras los barrotes de La Reforma sí nos afecta de un modo u otro.
No solo por la covid-19, ni siquiera por virtud cívica, porque queramos ser un país que respete los derechos humanos, sino porque, según el trato que se les dé a los internos, tendremos más o menos certeza de que en el futuro, cuando salgan, no cometerán nuevos hechos de violencia.
Urge contar con una legislación moderna. Hace falta demostrar que las penas sustitutivas, como los trabajos de utilidad pública, aprobados en el 2018, o la vigilancia electrónica, funcionan, y, para eso, se impone fortalecerlas económicamente y comprender que su éxito supondrá un cambio cultural, como el que trajo el destierro de las penas corporales o la pena capital en el siglo XVIII.
Es necesario reducir la tasa de encarcelados. Una democracia ejemplar no puede tener 370 presos por cada 100.000 habitantes, como en Costa Rica. Pero no solo es dinero, sobre todo necesitamos sentido común y mucha responsabilidad.
En estos momentos, tener altura de miras significa convencernos de que las instituciones carcelarias no pueden estancarse más porque lo que pase dentro repercute fuera. Y, de nuevo, no por el bien de los que las pueblan. Por el bien de todos.
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El autor es exministro de Justicia.