Hace poco más de dos años, el Poder Judicial enfrentó quizá la crisis más grave en la historia reciente.
El episodio culminó en un magistrado destituido, otro sancionado y varias jubilaciones adelantadas, entre estas la del propio presidente.
El hecho debió haber bastado para sacudir la cúpula judicial y a la Asamblea Legislativa como para reconocer la urgente necesidad de reformar el aparato judicial.
Corregir las debilidades que desembocaron en un acontecimiento de tal magnitud era ya no deseable, sino indispensable para salvaguardar un bien de la República venido a menos, que llamamos independencia judicial. No obstante, todo fueron promesas vacías.
El recién publicado Tercer informe estado de la justicia reporta hallazgos poco alentadores con respecto al Poder Judicial: menos confianza ciudadana, problemas internos de gestión, un clima de poca austeridad y divisiones en la Corte Plena.
Fenómenos todos que configuran un escenario multirriesgo que amenaza el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, dice el informe.
Lamentablemente, quienes conforman hoy el Poder Judicial carecen de la capacidad para resolver las falencias con la madurez y eficiencia demandadas por los tiempos.
Desidia. No ha habido el menor interés por avanzar, a contrapelo de los esfuerzos liderados por los magistrados William Molinari y Luis Guillermo Rivas en dos asuntos centrales e impostergables para el mejoramiento de la administración de justicia: la desconcentración de funciones administrativas y la elección de magistrados.
La cúpula se inclina por una postura autocomplaciente, llegando incluso al extremo de negar la necesidad de reforma alguna, cual Nerón cantando con su lira mientras las llamas consumen Roma.
Evidentemente, tal posición es insostenible. La situación fiscal del país obligará al Poder Judicial a resolver más y mejor con menos recursos, lo cual se agravará debido a las consecuencias aún desconocidas de la pandemia.
Especial atención merece la arquitectura institucional: el viejo modelo constitucional del Poder Judicial del siglo XIX, de corte napoleónico y vertical, está a todas luces desfasado.
Sustitución. Unos 13.000 funcionarios, un circulante de más de un millón de casos, labores tan complejas y diversas como las que abarca el conglomerado judicial son solo algunos indicadores de que 22 abogados sin conocimiento en administración pública, y cuya labor jurisdiccional es ya lo suficientemente difícil, no deben formular, decidir, ejecutar y evaluar la administración de justicia.
Lo mismo sucede en el proceso de nombramiento de magistrados, cuya discrecionalidad y opacidad ha sido ampliamente criticada, y sigue sin garantizar la idoneidad que debería destacarse en la selección de los más altos puestos en la judicatura.
Hoy, más que nunca, Costa Rica necesita magistrados responsables y a la altura de los tiempos, que dejen de lado sus agendas particulares y asuman el peso ineludible de sus cargos para emprender las reformas que ya no pueden esperar más.
luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com
El autor es internacionalista.