El 8 de junio del 2000, mediante una reforma al artículo 11 de la Constitución, quedó establecida la rendición de cuentas como principio y deber de todo funcionario.
Fue consecuencia de tres fenómenos: el desencanto ciudadano con el sistema democrático debido a escándalos de corrupción con el Fondo de Compensación Social del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf); a la distancia de las autoridades con el sentir del pueblo, evidenciada en las grandes protestas ciudadanas con motivo del denominado Combo del ICE, en marzo del 2000; y la actitud acomodaticia de los funcionarios, quienes alegaban que para cumplir sus deberes bastaba con observar las leyes y procedimientos, independientemente de la eficiencia de su gestión.
De acuerdo con la carta magna, la rendición de cuentas no debe hacerse de cualquier forma: debe estar precedida de una evaluación de resultados de la gestión.
Lo anterior presupone un proceso de planificación, presupuestación y ejecución que responda al cumplimiento de metas e indicadores bien diseñados.
Tal diseño fue el utilizado por el legislador cuando aprobó la Ley de administración financiera de la república y presupuestos públicos, en el 2001, la cual vinculó legalmente el presupuesto nacional a la planificación y, en especial, al Plan Nacional de Desarrollo, al punto que establece como responsabilidad el incumplimiento injustificado de metas, irrespetada a lo largo de 20 años.
Impunidad. Como no existe sanción, campea la impunidad. Las leyes castigan al ciudadano por no presentar una declaración de impuestos y a los funcionarios por omitir la declaración jurada de situación patrimonial, pero ninguna al empleado estatal cuyo informe anual de rendición de cuentas no sea entregado.
Tampoco, hasta donde tengo conocimiento, nadie nunca ha sido sancionado por no haber rendido cuentas satisfactoriamente cuando no pudo conseguir los resultados esperados de su trabajo.
En el 2016, fue promulgada la Ley de perfeccionamiento de la rendición de cuentas, donde se amplía la cobertura y el alcance de la obligación de rendir cuentas, se fijan los contenidos mínimos del informe y la obligación de presentarlo tanto a la Asamblea Legislativa como a la ciudadanía.
Esos informes, presentados en mayo de cada año —en el 2020 por tercera vez— quedan en la biblioteca legislativa, cuando deberían ser insumo para el control político y la mejora regulatoria. Además, nunca llegan a la ciudadanía como manda esa ley.
No hay cultura. Todo lo anterior me permite afirmar que, a 20 años de la reforma constitucional, esta ha sido soslayada, pues, pese a los avances normativos todavía muchos jerarcas ignoran el mandato y, si redactan el informe, no lo exponen a la ciudadanía.
La rendición de cuentas, además, sigue un formato anterior a la reforma constitucional, y en las páginas abundan fotografías e información exaltando los logros, pero, en general, no está basada en una gestión por resultados de desarrollo, instrumento que promueven el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el mismo Ministerio de Planificación (Mideplán).
Hay esperanza. El cambio no vendrá de la institucionalidad pública porque esta no ha demostrado interés en ello.
Será una ciudadanía empoderada, actuando como mandante y soberano, la que haga valer ese deber del funcionario y el derecho de los ciudadanos.
El pueblo, como primer poder de la República, debe asumir la responsabilidad de exigir la rendición de cuentas por resultados a todas las autoridades públicas, llámese como se llame, presidente de la República, diputado, jerarca, rector, gerente, etc.
El empoderamiento ciudadano no es un discurso ni letra muerta. Es una realidad que empezó en Guápiles hace 10 años, y el movimiento Territorios Seguros lo promueve con su gala nacional de rendición de cuentas, que este año será el 17 de julio.
jimmy.bolanos@hotmail.com
El autor es doctorando en Derecho.