Con respecto al artículo de la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Irene Cañas, publicado en esta sección, el 11 de marzo, acerca de la no renovación de contratos a algunos generadores privados, cabe recordar que el Instituto no es el rector del sector energético, sino, en este momento, la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo, quien transmite a las entidades del ramo las directrices que debería darle el presidente.
Hay que dictarle al ICE una política con el propósito de obligarlo a facilitarles el acceso a los generadores a la líneas de transmisión, previo pago de un peaje para que puedan vender electricidad a las empresas nacionales en general y al mercado centroamericano.
Sin disminuir el papel del Estado y tomando en cuenta que para lograr la descarbonización la generación de energía verde deberá crecer, lo que conviene es promover el desarrollo de los esquemas sostenibles.
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El instituto se ha negado y, a falta de una directriz presidencial con base en la Ley General de la Administración Pública, más bien bloquea esta posibilidad de desarrollo. Si lo necesario es una modificación legal, pues habrá que plantearla.
El gobierno debe reiterar lo que durante años fue una política de Estado: impulsar una flota, en la cual el ICE es el barco insignia y todo aquel que produzca electricidad sean sus complementos.
Perder la infraestructura de los generadores privados sería una verdadera lástima y se enviaría al mundo un mensaje negativo y trasnochado.
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El autor es exviceministro de Planificación