La precarización del empleo atribuida a las plataformas tecnológicas no es más que una mala evolución de la idea de la economía gig.
En sus orígenes, la gente, cuando terminaba su jornada laboral, sacaba el vehículo durante un par de horas y ganaba un dinero extra. Se trataba de un empleo ocasional, pero todavía no existían las herramientas para aprovechar su potencial. Entonces aparecieron las plataformas.
Llamaré empresas de servicios tecnológicos de apoyo a compañías poseedoras de una plataforma, en la cual las personas ofrecen sus servicios, por ejemplo, de transporte, con un mecanismo de cálculo de la distancia, el costo y el cobro.
La manera correcta de verlas es como medio para que servidor y clientes concreten contratos ad hoc. La idea, sin embargo, tomó los rumbos equivocados.
En países con altos índices de desempleo, proveer a un individuo la posibilidad de comenzar a brindar un servicio atrajo a quienes no buscaban extras, sino un trabajo estable, de tiempo completo.
La simpleza de la plataforma no contemplaba el esquema tradicional, mucho menos lo que un trabajo fijo comprende: seguro, garantías sociales, salario semanal, quincenal o mensual, etc.
Así no funciona la economía gig, porque la plataforma es un apoyo, no un patrono. Por tanto, el modelo de trabajo tradicional no calza y ni las autoridades ni quienes piensan que fueron «contratados» por los dueños de las plataformas lo entienden.
Repensar el modelo. Esto conlleva modificar el tratamiento por parte del Ministerio de Trabajo, Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social y toda otra institución implicada en la material laboral, incluido el Consejo de Transporte Público.
No son empresas, sino individuos necesitados de un permiso para dar un servicio con el mínimo de burocracia, control ágil y obligaciones ajustadas a su tamaño y volatilidad. Dicho con otras palabras, derribar las barreras.
Es posible que registrarse, declarar impuestos y otros requisitos similares presenten una complicación para las personas; no obstante, si tales requerimientos se modernizaran y ajustaran, y las plataformas tecnológicas, que son de apoyo, las presentaran como servicio adicional al cálculo de ruta y cobro, la barrera desaparecerá.
Es más, si se legislara el permiso de operación de las plataformas supeditándolas a la formalización, tendríamos un modelo que funciona con formalización automática.
Qué se necesita. Hay que ejecutar los cambios puntuales para incorporar los requisitos formales. Por ejemplo, que la plataforma tecnológica entregue factura a nombre del proveedor, con un modelo fragmentado de emisión (una sola factura con múltiples emisores), y plantear un protocolo para que estas registren a sus proveedores y generen información para el Estado. Claro está, todo lo anterior significa la modernización del Estado y legislación, y que gente seria, que comprenda los modelos económicos y tecnológicos, tome la batuta.
Tratar de acomodar esta economía al sistema tradicional de trabajo no funcionará y es contraproducente. Bien pensada y ejecutada, mejoraría las oportunidades. Aparte de eso, seríamos el primer país en entender de qué se trata y que actúa al respecto.
El autor es presidente de la Asociación Internacional de Arquitectos de Tecnologías de Información.
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