En su columna semanal, del domingo 24, el director de este medio, Armando González, se refirió a un asunto que, como muchos otros, tiene más de 40 años de haber saltado a la palestra política sin haber sido resuelto.
Digo que entre muchos otros porque también está el sistema de elección de diputados, la elección de magistrados, la división político-administrativa del país, el problema de los taxis con relación a los piratas, porteadores y ahora Uber, y otros más.
Hace un tiempo, escribí un libro que titulé La Costa Rica que pudo ser, en el cual me referí a esos temas y a otros que planteé durante el periodo legislativo 1974-1978.
La deuda política se ha prestado, como hemos visto recientemente, para una serie de irregularidades a lo largo de los años. Además, implica para los partidos políticos, pero, sobre todo, para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), gastos innecesarios en sistemas de contabilidad, auditorías y supervisiones.
Propuesta. En resumen, propuse que una vez establecido el monto de la deuda política, de acuerdo con las disposiciones legales, el TSE tomara el 40 % y lo usara para pagar directamente a los medios de comunicación colectiva, y les asignara a los partidos políticos, que tuvieran inscritos candidatos a la presidencia, un porcentaje igual de espacios publicitarios en los distintos medios, fueran periódicos, radioemisoras o televisoras.
Los partidos políticos participantes en la elección presidencial tendrían un mínimo garantizado de presencia en los medios, comprado directamente por el TSE. Eso no impedía que si un partido lograba atraer más recursos, pudiese invertir más dinero en los distintos medios, pero sí, repito, garantizaba a todos un mínimo.
El resto de la deuda política, el 60 %, se asignaría de la siguiente manera: se dividiría entre el número de votos válidos del proceso electoral, y se le asignaría a cada voto un valor, y a cada partido político, sin necesidad de presentación de facturas, de contabilidades, ni auditorías, tanto dinero como votos había obtenido. Si el voto se calculaba que costaba ¢1.000 y un partido político había obtenido 10.000 votos, se le otorgaban ¢10 millones, y así sucesivamente.
De esa manera se evitaban los gastos posteriores a las elecciones para comprobar el uso del dinero y se facilitaba a los partidos políticos sus procesos de financiación.
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El autor es abogado.