Con frustración y preocupación veo cómo las diferentes instituciones públicas tienen una visión del país muy diferente y no están alineadas en cuanto a las medidas pertinentes para aminorar el impacto de la pandemia.
El recorte presupuestario presentado por el gobierno implica un esfuerzo en la totalidad de los campos; sin embargo, pareciera que el objetivo no es el mismo de todos y cada quien cuida su “pedacito”.
Cito solamente un par de ejemplos. Por una parte, los magistrados aseguran que el monto que se pretende recortar al Poder Judicial impedirá realizar eficientemente sus labores y no podrán adquirir bienes esenciales para su trabajo, entre otros argumentos.
Por otra parte, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) arguye que el ajuste se le está haciendo en fondos comprometidos para construcción de viviendas de interés social y que, por consiguiente, supondrá un atraso en la reactivación económica del país debido a los empleos que esta actividad dejaría de generar.
Ciertamente, habrá obras que no será posible llevar a cabo, pero debemos entender que el momento que está viviendo el país es sumamente complicado y debemos hacer sacrificios. De no aprobarse las reducciones planteadas, la situación será mucho peor.
Acatar y punto. Mi experiencia en el manejo de presupuestos me enseña que, en momentos como este, deben tomarse decisiones radicales, y no queda más que acatarlas.
Si alguna institución tiene argumentos suficientes para evitar la merma en algún rubro, debe presentar otras opciones para contribuir a la propuesta presentada, la cual aún es insuficiente y aplacará de manera leve el impacto en las finanzas del país. El recorte debería ser mayor para no terminar este año con un déficit fiscal cercano al 10 %.
El sector privado sufre las consecuencias de la pandemia prácticamente desde el inicio, no quedó más opción que eliminar puestos de trabajo e inversiones, así como sacrificar los resultados financieros del año.
Los negocios tuvieron que cerrar, cuyo resultado se refleja en los recientes datos de desempleo que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Los empresarios no tuvieron la opción de decir qué rubros tocaban y cuáles no, se vieron obligados a tomar acciones inmediatas para subsistir y, lastimosamente, algunos no lo lograron.
Cuota de sacrificio. Llegó el momento de que el sector público aporte su cuota para mitigar la crisis y, para ello, es imperativo que las instituciones se ajusten la faja y establezcan un plan con el propósito de que los recortes planteados se concreten, no hay más alternativa.
Cabe mencionar que el Estado mantiene sus plazas intactas, el impacto en el desempleo es originado por el sector privado, así que los funcionarios pueden tener tranquilidad, la medida incluida en el presupuesto extraordinario es una reducción de jornada, no eliminación de puestos. Adicionalmente, solo abarca al 10 % de los empleados, por tanto, mantendrán los puestos de trabajo.
El momento es apremiante y requiere medidas drásticas, no es tiempo para que cada quien cuide su “parcela”, el país necesita el compromiso de todos, por eso el presupuesto extraordinario debe ser aprobado y acatado por todas las instituciones.
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El autor es consultor financiero.