El aparato estatal costarricense es como un pulpo gigante con 335 tentáculos. Ha de suponerse que por la cantidad de brazos debería desplazarse con más firmeza, pero no es así.
Hemos caminado durante medio siglo aferrados a la cultura del papel, la duplicidad de funciones, los trámites confusos, las largas filas y los desplazamientos desde lugares lejanos a las entidades públicas.
La crisis sanitaria y financiera a que nos somete la pandemia de la covid-19 debería despertar el ánimo de quienes conducen las políticas públicas y emular las buenas prácticas de las economías más boyantes del planeta.
Son $450 millones los que el país invierte cada año en tecnología; sin embargo, carece de una entidad coordinadora de los servicios requeridos por el ciudadano y que nos conduzca a un Estado inteligente, donde la interoperabilidad de los tres poderes de la República resulten en mejores índices de eficiencia y transparencia en la constelación del gobierno.
País procrastinador. Por mucho que se disimule, el país no está preparado para atender con éxito la educación virtual de los niños y jóvenes de escuelas y colegios públicos porque no ha creado ni adoptado el nuevo género didáctico; tampoco capacitó a los maestros y profesores ni los dotó de recursos para atender con excelencia circunstancias como la moderna.
Por otra parte, no es competente para ordenar las ayudas a las familias más pobres. Muchos costarricenses no figuran en la base de datos del sistema único de beneficiarios del Estado (Sinirube) y, por tanto, corren peligro de quedarse sin la alimentación adecuada mientras permanecen en cuarentena.
Otros casos describen el rezago en la digitalización para una ágil relación del Estado con el ciudadano, con el propio Estado y con el sector productivo.
En diciembre del 2018 presenté el proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, con el propósito de que Costa Rica, al igual que los países más poderosos del mundo, tuviera una entidad responsable de atender los problemas de la población a través del diseño y adopción de sistemas que se adapten con facilidad a los dispositivos electrónicos de los ciudadanos para que, desde el trabajo o la casa, lleven a cabo sus trámites sin desplazarse hasta las ventanillas de las instituciones públicas, es decir, servicios en línea las veinticuatro horas, los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año.
Arma contra la pandemia. Quizá, esta sea una de las reformas más valiosas para cumplir el distanciamiento social impuesto por el virus SARS-CoV-2, no solo porque las oficinas estatales permanecen colmadas de gente, sino también para darle valor a la eficiencia y aumentar la competitividad disminuyendo los tiempos de espera, combatiendo los intermediarios en los puertos y aeropuertos, mejorando la recaudación fiscal y luchando contra la evasión fiscal y la corrupción en general.
Esta discusión no debería prolongarse más. Corea del Sur, Estonia y España han apoyado al país con los insumos para redactar un texto sólido. También, se ha trabajado con el sector privado y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicación. No obstante, el plan ha tropezado con intereses creados.
Ojalá el intento de contar con un gobierno digital no naufrague tan cerca de la costa. El país sufre un deslizamiento debido a la crisis sanitaria y los legisladores tienen el deber de hallar la forma para que los 335 tentáculos sean más manejables, transparentes y eficientes. Solo así el país despegará de nuevo.
El autor es diputado.