Hay jueces de gran valía, que resuelven con prontitud y sabiduría, y atienden las consultas. Pero también hay de otro tipo. El año pasado, frustrado de tanta espera, pregunté en un juzgado si podía llevar un queque para celebrar los 10 añitos a un caso sin resolver.
Prometieron que antes de terminar el 2019 estaría resuelto, lo cual no sucedió. La mora judicial en lo referente a asuntos civiles y de propiedad ha llegado a extremos inauditos: de cinco a quince años sin sentencia.
El retraso afecta la salud y produce desgaste emocional, económico y social. Se inmovilizan inmuebles, negocios y esperanzas durante años. Daña la economía de las partes y del país.
Cuando un médico por negligencia lesiona a un paciente, el ataque es implacable e inmediato; además, el Colegio de Médicos sanciona con multas. ¿Qué pasa cuando un juez o grupo de jueces se equivocan al dictar una sentencia por desconocimiento o negligencia?
Cada vez que un tribunal o en casación anulan o modifican una resolución porque se cometió un error, se generan enormes gastos, meses o años de espera y graves afectaciones a la salud de los involucrados.
El año pasado, la Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social poner en marcha, en un máximo de seis meses, un sistema de gestión integrado para reducir los plazos desproporcionados e irrazonables de espera en los hospitales, problemática que representa una violación sistemática y reiterada del derecho a la salud.
¿Cómo darle la misma medicina al Poder Judicial? Resoluciones absurdas, mal redactadas, con faltas ortográficas, plagadas de jurisprudencia que se convierte en una nebulosa jurídica que dificulta la defensa. Recursos de casación obsoletos, con excesivos formalismos y tecnicismos legales.
Un caso concreto. En el Juzgado Agrario de Limón, se impidió la localización de un derecho de 40.000 metros cuadrados, parte de una finca de 118.000 metros cuadrados.
Las resoluciones fueron dictadas exigiendo requisitos no contemplados en la ley. Varias veces solicité una cita para aclarar la situación. Nunca quisieron atenderme.
El juez, que finalmente resolvió el caso, confirmó que tales requisitos no debieron solicitarse. Sin embargo, al dictar el fallo, redujo en 100.000 metros cuadrados la medida de la finca madre y rechazó la solicitud de localización.
Por más recursos y escritos, el juzgado mantuvo la decisión y el tribunal agrario confirmó la sentencia apoyándose en una cantidad de notas y jurisprudencias para casos en los que la medida del lote supera la de la finca madre.
El sistema necesita promover jueces con mentalidad abierta, conscientes de sus funciones en la sociedad y con espíritu de servicio.
El sistema debe buscar la calidad en la justicia y ser defensor de la democracia, que exige que los juzgadores sean honestos e independientes, pero, a la vez, con la apertura mental necesaria para discernir en armonía y con respeto sobre los derechos de sus conciudadanos.
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El autor es abogado.