El economista Eli Feinzaig hizo una radiografía de la situación política y económica que atraviesa Costa Rica en su artículo “Espantar a la gallina de los huevos de oro”, publicado en esta sección el 19 de febrero.
A lo dicho por Feinzaig, debe agregarse un flagelo que afecta grandemente la economía nacional y al cual no se le ha puesto la atención debida con el objeto de erradicarlo: la informalidad.
Pertenecer a la informalidad supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también no contar con la protección y los servicios ofrecidos por el Estado.
La informalidad surge cuando los costos de apegarse al marco legal de un país son superiores a los beneficios. Por esta y otras razones, la informalidad predomina cuando las normas son opresivas y los servicios gubernamentales no son de gran calidad y su presencia es débil.
El sector comercial es el más afectado por el contrabando y la informalidad. El Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica ha comprobado que el contrabando alcanza los ¢700.000 millones, el equivalente al 6,8 % del consumo de los hogares y al 2 % del producto interno bruto.
Los ingresos dejados de percibir por la seguridad social debido a esta problemática son muchos. De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio, el costo de la informalidad para la seguridad social equivale a ¢212.860 millones, aproximadamente, dinero que podría ser aprovechado por la Caja Costarricense de Seguro Social para brindar un mejor servicio mediante la compra de equipos, mejoras en infraestructura e incremento en la capacidad de atención.
Contribuiría también a mejorar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, los cuales experimentan problemas financieros que ponen en peligro la jubilación de miles de costarricenses.
En el 2017, el país tenía un 41 % de informalidad, dos años después, ha aumentado a un 46,5 % y, lamentablemente, sigue engrosándose.
La reducción de la informalidad debe seguir tres ejes fundamentales: integración consistente y coordinada de políticas públicas, generación de incentivos para la formalización y el fortalecimiento del cumplimiento de la legislación.
Lo irónico, pese a estas cifras tan contundentes, es la salida fácil de presumir que una persona de buena condición económica o dueña de un Maserati es una evasora o está dedicada a actividades relacionadas con el narcotráfico. Un pensamiento de esa índole es inadmisible y demuestra el desconocimiento de una realidad necesitada de respuestas serias.
Es muy fácil intentar “seguir cazando en el zoológico”, donde ya existe un nicho al cual se le puede hacer una trazabilidad de todos sus movimientos.
Los gobernantes deben brindarle al sector privado herramientas para facilitar la actividad económica, dinamizarlo con el fin de crear empleo y promover el bienestar del país. En lugar de perseguir, deben incentivar la formalidad.
Diagnósticos y planes hay suficientes, le toca al gobierno decir cómo va a hacerlo y cuándo, y cómo va a recuperar los 24.000 empleos formales perdidos en el sector comercial en los últimos dos años.
Como generadores del desarrollo nacional, los comerciantes hacen los esfuerzos posibles para seguir adelante; sin embargo, para ser competitivos, son necesarias acciones conjuntas con el gobierno que favorezcan la actividad productiva.
Urge recuperar la confianza que ayude a coordinar acciones públicas y privadas para reactivar la economía, para innovar, para reducir el gasto público, para generar inversión.
La autora es presidenta de la Cámara de Comercio.