Así como está planteado el anteproyecto del reglamento de afiliación de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos afecta a todos los costarricenses, no solo a los trabajadores independientes profesionales, también a las pymes, a los pensionados o asegurados asalariados que cotizan, pero reciben otro ingreso ocasional o permanente, como alquileres, participación en sociedades u otros emprendimientos.
Además del impuesto sobre la renta, que va del 15 % al 30 %, pagamos un 18,5 % a la CCSS y hoy están cobrando, retroactivamente, hasta 16 años, fundamentándose en una reforma del 2004 que no fue informada oportunamente. Hace unos tres años empezaron los cobros.
En plena crisis pandémica, la CCSS, en lugar de reducir costos, evaluar y reducir sus gastos, obliga a los costarricenses que no laboran en el sector público a saciar este abuso «legal».
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A los asalariados se les ha cobrado hasta ahora un 10,66 %, pero está programado subirlo al 14,5 % y el patrono deberá aportar un 26 % de la planilla a la CCSS y riesgos del trabajo. Si se es agricultor, agregue un 5 % como mínimo, que también va orientado a la atención médica.
De aprobarse la pretensión de la CCSS, los pensionados morirán cotizando si perciben algún otro ingreso producto del trabajo y de sus ahorros, como podría ser la participación en una sociedad, un alquiler o labores llevadas a cabo para redondear la pensión.
Al final, no importan los años cotizados ni el monto, en la CCSS hay que hacer la misma fila o pagar a las clínicas u hospitales privados. El servicio de salud y el momento oportuno, en múltiples ocasiones, no van de la mano.
Carga pesada. La situación ahuyenta al ciudadano de cotizar a la CCSS, sea por el alto costo o porque sencillamente no puede sufragar el gasto. La CCSS, en vez de ser más eficiente y transparente, trata de crear una camisa de fuerza legal para exprimir a los costarricenses, al mejor estilo de los monopolios, como un Estado dentro de otro llamado Costa Rica.
Es la castración de la libertad del trabajador independiente y de toda persona, porque pretende forzar la afiliación, independientemente de que el ciudadano tenga capacidad de pago y de la calidad, oportunidad y costo del servicio.
Lo paradójico es que el anteproyecto lo redactó una junta directiva en la cual seis de los nueve directores juran representar a trabajadores y patrones, mas fueron absorbidos por la inercia de la estructura burocrática, que, por supuesto, tiene vida propia. Primero los intereses de la organización, luego los del país y después los de los supuestos beneficiaros.
La CCSS y su Junta Directiva cobran lo que se le ocurra, pero no están obligadas a atender a un precio razonable y a tiempo. Así como pretenden cobrar, de boca de la CCSS deberíamos conocer, en palabras simples, cómo gastan su gigantesco presupuesto, cuáles son las funciones, cómo están distribuidos los 60.000 empleados, la inversión futura, etc.
¿Qué acciones ha tomado la institución para mejorar la eficiencia y reducir costos? Hace unos años la UCR nos informó de que el presupuesto de la CCSS era similar al del gobierno de Nicaragua, con todo y ejército, y el de Belice juntos.
La Constitución dicta que debemos contribuir a la seguridad social, y estoy de acuerdo, pero debemos hilar más delgado, porque la Caja lo ha interpretado sin límites.
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Decisiones arbitrarias. ¿De dónde proviene la autoridad para fijar una base mínima contributiva de ¢297.044, más alta que el salario mínimo legal del país, y la no aceptación de jornadas parciales de trabajo (solo para servicio doméstico)? Hasta al Estado le subió la cuota, aunque no puede pagar ni la anterior.
Debe analizarse cuál fue el espíritu del legislador, poner límite al abuso y exigir costo, calidad y servicio oportuno, acordes con la situación del país. Es que no es solo la cotización a la CCSS, existen otros aportes, como asignaciones familiares, IMAS, riesgos del trabajo del INS, Ministerio de Salud.
Debemos sumar otros impuestos y cargas parafiscales. Ver el entorno tributario que pesa sobre el contribuyente. ¿Cuánto de los impuestos le corresponde al Ministerio de Salud, supuesto ente rector del sector y que no se sabe cuál es su posición con respecto a las pretensiones de la Caja?
Están convirtiendo a los costarricenses en potenciales delincuentes, criminalizándolos por el solo hecho de estar en condiciones para soportar la carga tributaria y parafiscal, que empuja, en el mejor de los casos, a la informalidad para sobrevivir.
Cuando una persona recibe un dividendo por ganancias, la empresa pagó el 30 % del impuesto sobre la renta y el beneficiario un 15 %. Sobre el saldo, deberá entregar hasta el 18,8 % a la CCSS. Así, ¢1 millón se reduce a ¢480.005.
Según el Banco Mundial, Costa Rica tiene una carga tributaria sobre las ganancias del 58,3 %; la Unión Europea, un 39 %; Estados Unidos, un 39,6 %; y Singapur, un 21 %.
La Asamblea Legislativa tiene el trabajo de evaluar la ley de la CCSS, los convenios internacionales vinculantes, la maraña de impuestos específicos que resultan un dolor de cabeza administrativo para los costarricenses e informarnos de forma transparente a la ciudadanía.
ronaldsolis@hotmail.com
El autor es exdiputado.