Ha llegado de nuevo al debate nacional la formación de los juristas con ocasión de los recientes resultados del examen del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Las notas obtenidas por los aspirantes no son halagüeñas para la mayoría de los centros de enseñanza, y muchos recién graduados pasan a estar en una especie de limbo, del cual no saldrán hasta tanto no logren vencer el último escollo.
El examen es un parámetro y ha cumplido su función de establecer un filtro, perfectible sí, pero un filtro significativo que debería lleva a repensar lo que se está haciendo en términos de calidad y de acomodo de los planes de estudio a las necesidades siempre cambiantes de un mundo globalizado.
El examen no manifiesta en su propuesta, o en su evaluación, una verdadera prueba de las capacidades y habilidades que el abogado debería poseer a la hora de ofrecer sus servicios, tan solo un mínimo de conocimientos legales, que bien pueden obtenerse de un estudio del universo normativo extraído de la legislación sometida a consideración de los postulantes.
Como efecto colateral deseable, el examen de incorporación está midiendo una distancia en cuanto a lo que se está haciendo en términos de calidad en diversas universidades, y bien vale la pena hacer una reflexión sobre qué aspectos apuntan a explicar esa distancia y de qué manera el colegio profesional puede contribuir a acortar esas distancias y brindar, con ello, esperanza a los graduados de poder ejercer la carrera, y a los ciudadanos una garantía mínima de la calidad de los servicios legales que se prestan.
Planes de estudio. En esta dirección se nota una desviación importante en el énfasis de las críticas expresadas, pues parece haber pasado inadvertido que no hemos analizado los planes de estudio con los cuales esos graduados llegan apertrechados a realizar esa prueba; más aún, a ofrecer sus servicios profesionales.
Si tan solo se pusiera bajo la lente esos planes de estudio, descubriríamos las inmensas variaciones y distancias entre los programas de las diversas universidades, la carencia de temas y contenidos de indudable relevancia y la escasa o nula oferta de materias de trascendente impacto en las necesidades de la sociedad.
Basta con pensar en los cambios extraordinarios que ha enfrentado la contratación pública y privada, la incidencia de la tecnología en la transformación de las diversas interacciones comunicativas de las personas, así como también las reformas intensas que han sufrido los diversos sistemas procesales para estar seguros de que los programas de estudio del derecho en las diversas universidades deben estar a la altura de todos esos cambios y de los que se anuncian por doquier en diversos ámbitos, como lo es, por ejemplo, el proceso especial de extinción del dominio, el combate del crimen organizado y reformas urgentes en materia tributaria y económica, que parecen ser la tónica de los tiempos y cuyo embate e impulso parece no conocer freno ni concierto.
El Colegio de Abogados promovió una mesa de trabajo en la cual participaban diversas universidades donde se imparte la carrera de Derecho. Dicha mesa de trabajo era un espacio muy fértil para llevar el pulso de las pruebas de incorporación, sugerir cambios y, por supuesto, aportar a otros caminos, igualmente útiles para garantizar la calidad de la enseñanza del derecho en Costa Rica.
En el seno de esa comisión, impulsamos con entusiasmo la propuesta de un currículo mínimo para la carrera, que contuviera un mínimo de créditos y materias, y permitiera establecer un estándar mínimo que garantizara a los estudiantes una formación mínima y los preparara frente a los retos urgentes del mundo profesional y la complejidad de la vida social.
Rezago. El pensum académico que rige en diversas facultades de Derecho no ha sido revisado en las últimas décadas, y ya manifiesta evidentes muestras de rezago frente a las circunstancias cambiantes del mercado profesional de los abogados.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica dio un paso adelante el año pasado al efectuar una revisión profunda de su plan de estudios, lo cual derivó en la incorporación de varios cursos novedosos y estableció una serie de requisitos transformadores en las técnicas de enseñanza y en las habilidades y aptitudes que están trabajándose en el proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho.
Creemos, sinceramente, que ese es el camino correcto para enrumbar la transformación de los estudios del derecho en el país que, junto con novedosas técnicas de enseñanza y metodologías activas, hará posible atender las necesidades cambiantes de las nuevas generaciones de estudiantes, quienes apertrechados con tecnologías de la comunicación y la información cada vez más seductoras y sugerentes ponen en grave compromiso la enseñanza tradicional del derecho.
Esta es una tarea urgente a la cual debe dedicarse el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pero también las instituciones que agrupan académicamente las diversas universidades públicas y privadas.
No se trata de poner un filtro antojadizo al ingreso de nuevos profesionales, sino más bien de garantizar a la ciudadanía que los planes de estudio y el diseño de las metodologías de enseñanza llevan el ritmo de los tiempos y de las necesidades sociales, económicas y políticas del país.
Solo así se podrá alcanzar la función constitucional de control de los servicios de los abogados y, al mismo tiempo, convocar a los diversos centros de enseñanza a un decidido camino de formación de calidad.
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El autor es abogado, decano de la Facultad de Derecho de la UCR.