NUEVA YORK – La asunción al cargo del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ya está cerca, y tal vez el mejor modo de evaluar el próximo gobierno sea analizar los factores que en definitiva llevaron a su victoria. La elección de Trump no se dio en el vacío, y, conforme tome forma su agenda, podremos comenzar a medir su impacto en la economía política, origen de su candidatura.
Trump ganó poniendo en duda la credibilidad del establishment político y académico, resaltando implacablemente las discrepancias entre la descripción que aquel hace de la economía política estadounidense y la realidad experimentada por muchos votantes. Como Bernie Sanders en la primaria de los demócratas, comenzó a atraer multitudes rompiendo filas con el aparato de su partido. Mientras Hillary Clinton y rivales republicanos como Jeb Bush y Marco Rubio trataban de construir coaliciones basadas en temas culturales y tradiciones partidarias, Trump y Sanders hicieron blanco en lo que más importaba para muchos votantes: una economía política en la que los funcionarios electos promuevan decididamente una prosperidad de amplio alcance que los incluya.
¿Cómo pudo habérseles escapado este tema central a los otros candidatos? Yo creo que no se les escapó, sino que sus intentos de atraer una base de votantes amplia chocaron contra un sistema que hace extremadamente difícil financiar una campaña política creíble sin inclinarse servilmente ante la franja más rica de la sociedad estadounidense. Ese sistema era una invitación a la rebelión, y tanto Trump como Sanders (mediante la autofinanciación uno y la colecta popular de fondos el otro) estaban en posición ideal para liderarla.
Otra limitación para los otros candidatos fue la ortodoxia partidaria, que hace rato impide tanto a demócratas como a republicanos decidirse a encarar las desigualdades estructurales de la economía estadounidense. Eso demandaría hablar francamente sobre cuestiones difíciles como la disrupción tecnológica y la globalización. También demandaría enfrentar un legado de décadas de acuerdos de libre comercio, regulaciones, rescates de bancos y políticas impositivas diseñados por grupos de intereses que canalizaron las ganancias económicas a la cima de la pirámide de ingresos mientras respondían con austeridad fiscal a las necesidades de la mayoría de los estadounidenses. El relato que hizo Trump de un sistema “arreglado” resonó más en los votantes que cualquier otra cosa que hayan oído de la dirigencia política en mucho tiempo.
Esto nos trae a un segundo fallo de representación muy relacionado: para muchos votantes, la descripción que hace el consenso “experto” de la globalización no es creíble. Los economistas, en particular, han ensalzado el libre comercio y la globalización de los mercados como bienes incuestionables. Con pocas excepciones (como Dani Rodrik de la Universidad de Harvard y el premio nobel Michael Spence), nadie señaló que muchos trabajadores perderían el empleo con poca o nula compensación, y que la globalización acelerada puede forzar el tejido social de los países más allá de su límite de elasticidad. Pero para cualquier experto real en economía política estadounidense, estaba claro como el agua que Estados Unidos no brindaría compensación adecuada a los perjudicados por la disrupción de la competencia extranjera.
Gran parte de esa disrupción provino de la relación de libre comercio entre Estados Unidos y China, un país inmenso con ingreso per cápita mucho menor. De hecho, un artículo reciente de David Autor (del MIT) y otros muestra que la problemática social causada por el comercio con China polarizó la política estadounidense, y es probable que haya aumentado el apoyo de ciertos grupos de votantes a “políticos nativistas” como Trump.
En un ensayo de 1922 titulado The Dismal Science (“La ciencia triste”) de H. L. Mencken, hallamos una explicación de por qué los economistas ignorarían los efectos sociales negativos que la globalización puede tener en una economía avanzada como la estadounidense. En opinión de Mencken, las representaciones inexactas de los economistas refuerzan el poder de los que ya lo tienen. Conscientemente o no, los expertos saben que pueden granjearse favores y evitarse problemas si se quedan callados o afirman políticas que beneficien a los poderosos.
Pero en algún momento, el hilo se corta. Conforme la concentración de la riqueza aumenta, un organismo político aquejado de inseguridad económica general empezará a buscar chivos expiatorios; y esta vez, los expertos y analistas eran el blanco ideal.
Esta doble crisis de representación (política e intelectual) se ha vuelto una mezcla tóxica. Las críticas a las políticas de Trump no tienen poder sobre sus simpatizantes, porque vienen de expertos que han perdido su confianza. Este déficit de credibilidad da a Trump amplia libertad de acción, pero también le plantea un problema, ahora que tiene que pasar de la campaña a gobernar.
Como presidente, Trump tendrá que idear remedios para los problemas sociales, económicos y políticos que describió. Pero para eso deberá trabajar dentro del mismo sistema “arreglado” contra el que hizo campaña, y tendrá que diseñar políticas viables con efectos positivos en las vidas de los estadounidenses.
Es verdad que el Congreso bajo control republicano puede colaborar con Trump para implementar una versión reducida del New Deal que Franklin D. Roosevelt puso en práctica en los años treinta. Pero sin una reforma del sistema “arreglado”, es probable que la propuesta de expansión fiscal de Trump beneficie otra vez sobre todo a los ricos, sin “derramarse” sobre el resto de los estadounidenses. Se habló mucho de las “alianzas público-privadas” como medio para dirigir capitales hacia un esfuerzo de reconstrucción nacional; pero esas medidas se pueden manipular, y a menudo dan lugar a esquemas del tipo “las ganancias para mí, las pérdidas para los contribuyentes” como los que los últimos años beneficiaron a Wall Street y Silicon Valley. Seguramente no es lo que atrajo a los simpatizantes de Trump cuando este dijo que haría a “Estados Unidos grande otra vez”.
En el 2018 ponen en juego sus escaños veintitrés senadores demócratas (y dos independientes que integran bloque con ellos), contra solamente ocho senadores republicanos. Si en los próximos dos años los republicanos aprueban un paquete de estímulo keynesiano capaz de reducir el desempleo y aumentar los salarios, pueden asegurarse el poder por muchos años más. Esto a su vez les permitiría asignar nuevos jueces supremos dispuestos a ignorar o debilitar los derechos de las mujeres y de los trabajadores, la protección del medioambiente y la educación pública. Que eso suceda, en vista de la retórica de campaña de Trump, sería irónico, si no fuera tan trágico.
Trump, un producto de la riqueza heredada, tiene ahora una oportunidad de hacerse un lugar en la historia. Esperemos que esté a la altura del desafío y entienda que su papel es reparar los defectos de la democracia estadounidense, en vez de conformarse con gobernar sobre una base de acuerdos con los poderosos y para ellos. Para que Estados Unidos amplíe el alcance de la prosperidad económica y haga más democrático su sistema político se necesitan reformas que reduzcan el poder del dinero y aumenten la capacidad de oír a los ciudadanos.
Menos que eso sería un incumplimiento de Trump hacia quienes lo llevaron al poder. El progreso político, económico y social de los Estados Unidos se nutre hace mucho tiempo de una tensión generada por la discrepancia entre sus principios fundacionales y la realidad. Si Trump invalida esos principios (y si en la desesperación que sigue a eso, invocarlos se convierte en un acto sentimental y romántico), los fallos de representación que llevaron a su victoria se cobrarán un precio ciertamente alto.
Rob Johnson preside el Institute for New Economic Thinking y es investigador superior y director del Proyecto Finanzas Globales del Franklin and Eleanor Roosevelt Institute. © Project Syndicate 1995–2017