En las universidades, los cursos típicos de finanzas públicas comienzan por señalar los logros (automáticos) del sistema de mercado y algunas situaciones que, por insuficiencia de estímulos, llevan a lo que se ha denominado “fallas del mercado”.
Luego pasan a analizar las funciones típicas del Estado en las economías mixtas, como la nuestra, y allí paran. No van más allá, como lo hacen algunos grupos de análisis de políticas públicas, por ejemplo, el Instituto Cato en Washington y, en Costa Rica, la ANFE, para mostrar que también existen serias “fallas del Estado”.
Son a veces tan grandes estas últimas, que resulta mejor a la sociedad no entregar al Estado funciones que el mercado, con una pequeña modificación de estímulos, puede desempeñar a cabalidad.
Comentaré dos fallas del Estado que hoy, lastimosamente, están a la orden del día en nuestro país y que, por obvias, no se requiere ser estudioso para identificarlas, al igual que no hay que ser meteorólogo para saber en qué dirección sopla el viento.
Agenda. La primera se denomina “problemas de agencia”, cuyo origen está en el hecho que en la materia de nuestro interés participan dos grupos de personas: los representados y sus representantes (o servidores públicos). Estos últimos pueden ser elegidos por el pueblo, como es el caso de los ocupantes del cargo de presidente de la República, los diputados y alcaldes, y los nombrados a dedo o por concurso, como los ministros y demás trabajadores del Estado.
Al respecto, estipula el artículo 113 de la Ley General de Administración Pública que: El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados, y, para no dejar duda, agrega que el interés público (así definido) prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. Cursiva agregada.
El problema de agencia nace cuando los servidores públicos le dan la espalda al interés de sus representados y comienzan a luchar a escala creciente solo por el propio. Entidades como el ICE, Japdeva, Recope y las universidades públicas están para servir el interés público, pero pareciera que así no lo concibe la mayoría de su trabajadores.
Tampoco lo hacen los de otras dependencias y entes estatales cuya misión y programas de trabajo anuales no están sujetos a un claro escrutinio de la ciudadanía representada. En estas circunstancias es fácil, como dicen en el pueblo, dejarse no solo el vuelto, sino todo el mandado.
Grupos de presión. El otro problema tiene que ver con la sujeción potencial que la labor del Estado tiene a los “grupos de presión”. En efecto, dice la teoría y la evidencia empírica, los grupos de presión pequeños, pero sonoros, pueden perfectamente explotar a la mayoría que el Estado dice representar y llevar, así, agua solo a sus propios molinos.
Los servidores públicos, tanto los nombrados como (especialmente) los elegidos que temen perder apoyo electoral, suelen sucumbir fácilmente a las demandas de estos grupos. Muchos se pliegan a las exigencias de determinados sectores productivos, operadores de taxis o porteadores, autobuseros, pequeñas comunidades situadas al lado de carreteras estratégicas, etc., aunque la satisfacción de ellas sea a costa del interés supremo de la mayoría silenciosa que ellos representan.
Los propios servidores públicos se han convertido en un fuerte grupo de presión. El cierre de calles y puertos y la interrupción de servicios claves son ejemplos, que cotidianamente divulgan los noticiarios, de estas presiones.
Las fallas comentadas también elevan el costo de la operación del Estado y eso se traslada a los representados vía superiores tarifas, impuestos, inflación y otras penurias.
¿Es el interés público, debidamente definido, o el interés de la burocracia estatal y el de otros pequeños grupos de presión el que debe imperar? La respuesta está clara. Pero para que así ocurra es menester que nuestros representantes tengan presente para qué diantres fueron elegidos o nombrados y, ante debilidad de ellos, que la mayoría silenciosa también haga oír su voz como los sindicatos del sector público y otros pequeños pero sonoros grupos de presión.
Thelmo Vargas es economista.