El frío nunca estará en las cobijas, pese a la lógica tradicional que así lo pretende en el marco de una (in)cultura de disimulo y rodeo, de posposición y choteo, de superficialidad y facilismo. Una (in)cultura muy arraigada en los costarricenses, lindante en el extremo de “pensar” que hablar directo es pecado y decir las verdades o evidenciar los secretos a voces ha de ser penado con el ostracismo, el silencio hipócrita o ambas condenas (anti)sociales.
Estas dos últimas, sin duda, las mejores muestras de ese deporte nacional que compite con el fútbol en seguidores, pero lo supera ampliamente en jugadores: el serrucho.
De ahí que haga tanta falta que se digan ciertas cosas, se evidencien y, por qué no, que se denuncien. Teniendo claro que la denuncia pública puede ser, en ciertos casos, más efectiva que la denuncia institucional.
Aquí como que no ha caído el cuatro, pero después de Trump es aún más claro que no son estos tiempos ni las nuevas generaciones propicios para otra cosa que el sinceramiento y la concreción.
Por lo que recurro, en mi propio esfuerzo cívico, a completar el resto de la historia que empezó a contarnos el diputado Mario Redondo, cuya persistencia nos coloca frente al germen más evidente de la ingobernabilidad: el desempoderamiento de los políticos deslegitimados en el altar de los burócratas empoderados. En otras palabras: el vaciado de la democracia, en cuyo marco, al menos en principio, mandan los ciudadanos para los ciudadanos, trasladándoles el poder a los burócratas que se mandan solos y velan por sus intereses gremiales.
Jerárquicamente hablando, aquí puede que los que manden sean los de abajo y no los de arriba. Simplemente: el mundo al revés.
Denuncia. Por lo que sin demérito de lo que subrayé en mi última entrega, publicada en estas mismas páginas (6/3/2017), rescato las estadísticas del diputado democristiano. Primero, por oportunas, pero también por valientes. Oportunas porque evidencian el germen más elemental de la ingobernabilidad que tiene postrada a Costa Rica. Valientes porque, como dije al principio, esas denuncias frontales casi nadie las está haciendo en este país de navegantes de agua dulce.
Seamos claros, si los incentivos salariales para los funcionarios públicos continúan dependiendo de unas evaluaciones de mentirillas que se limitan a repartir aplausos a diestra y siniestra, visto que los jefes evaluadores les tienen pavor a sus subalternos, estamos ante un problema mayúsculo que, para colmo, ya se instaló como una costumbre que ahora será muy difícil erradicar.
Por lo que partiendo de un escenario tan cínico y envilecido como el que los números demuestran incontestablemente, rememoro mi experiencia en la función pública, donde al calificar a los subalternos mediocres como tales, topé con la sorpresa de que el resto de colegas y antecesores siempre calificaban con diez corrido.
La reacción ante el cambio que supuso mi sentido de responsabilidad y exigencia no se hizo esperar. No era para menos. Nadé contra una corriente más que instalada que pocos, muy pocos, se atreven a combatir.
Números. En el marco del Servicio Civil, de 33.558 funcionarios, apenas 8 fueron calificados por sus jefes como deficientes. Apenas 41 como regulares.
Pero eso es solo un abrebocas para las delicias que nos depara todo el resto del aparataje público que no forma parte del Servicio Civil, sea: maestros, policías, autónomas, semiautónomas y descentralizadas.
En Seguridad, ni uno solo fue calificado como deficiente, y si acaso 10 como regulares. Esto de más de 13.000 policías.
En Educación, nuestro verdadero ejército civilizado, compuesto de más de 78.000 funcionarios, solo 21 docentes y 16 administrativos obtuvieron calificaciones de regular para abajo.
En el PANI, con uno de los mandatos más delicados que podamos identificar, ninguno de sus casi 700 funcionarios recibió una calificación inferior a buena. Lo mismo con los casi 400 funcionarios del Conavi, donde todos “son” de buenos para arriba. Apenas 1 de más de 300 empleados del IAFA obtuvo un regular. Todos los demás, de buenos en adelante.
Beavoir pensaba que nadie es un monstruo si lo somos todos. Lo que podríamos traducir útilmente en que ningún funcionario es bueno si todos supuestamente lo son.
Sin diferenciación no hay superación. Y sin evaluación no hay diferenciación.
Ese es el problema de un sistema basado en evaluaciones de mentirillas que premia con incentivos de verdad.
El autor es abogado.