Ética, política y derecho

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En la mañana del lunes 3 de febrero, luego de la primera ronda de las elecciones presidenciales, escribí en un foro de correos que tienen algunos simpatizantes del PLN, llamado “La lista”, mi opinión sobre el resultado electoral y expresé mi criterio de que nuestro candidato, Johnny Araya, debía evitar ir a la segunda ronda programada para el 6 de abril.

En aquella ocasión, entre otras cosas, dije: “Creo que la suerte está echada. Creo que Luis Guillermo, más que el PAC, ganará las elecciones del 6 de abril. No veo cómo vamos a revertir esta realidad política”. Luego de expresar mi criterio, muchos compañeros del PLN en el mismo foro expresaron su apoyo a mi planteamiento y muchos otros lo hicieron en forma personal o telefónica, e, incluso, Walter Coto, exsecretario general del PLN, dio declaraciones a medios de prensa en la misma línea de pensamiento.

Consideración política. Traigo a colación este tema ante el reciente fallo del “Tribunal de Ética” del PLN, que acordó suspender a Johnny Araya por cuatro años de cualquier ejercicio político dentro del partido, aduciendo que con su decisión de retirarse de la campaña electoral para la segunda ronda, había violentado obligaciones éticas dentro de los estatutos del PLN. Me parece importante rescatar que la motivación de mi comentario era la “realidad política” imperante en aquel momento, precisamente por el hecho de que cualquier determinación que se pudiera tomar era fundamentalmente una decisión “política” y, como tal, debe ser valorada, mas allá de que podamos estar a favor o en contra de lo que en definitiva Araya decidió.

Según recuerdo, el mismo Araya, cuando anunció el 5 de marzo su decisión, también la justificó como producto de su propio análisis sobre la situación política que su candidatura estaba enfrentando.

Así las cosas, queda más que claro que la naturaleza de mi comentario, así como el criterio de todos los que pensaron igual que yo y la propia decisión de Araya, estuvieron matizados por consideraciones eminentemente políticas y jamás éticas. Como abogado, me parece una aberración que un supuesto Tribunal de Ética, que, de acuerdo a sus competencias, solo puede analizar y resolver denuncias de carácter ético, pretenda sancionar decisiones que emanan exclusivamente de propuestas y análisis políticos, adoptadas en el marco de un proceso electoral, que, como todos sabemos, está determinado precisamente por la acción política. Más bien, pareciera que ante el desbordamiento de sus propias competencias legales e institucionales, es el propio “Tribunal de Ética” (o sus integrantes) el que ha faltado a sus deberes éticos, atribuyéndose competencias que no tiene y sancionando actuaciones sobre las cuales no tienen nada que decir.

Este panorama, tarde o temprano, se revertirá y se determinará que Araya está siendo víctima de una situación que, legal e institucionalmente, jamás debió darse. Ojalá que la enmienda al error salga del propio PLN y no de entidades externas como el TSE o la Sala Constitucional, pues eso evidenciaría la incapacidad partidaria de resolver internamente sus propios entuertos, confirmando con ello las voces de quienes andan profetizando sobre la decadencia moral y política del Partido Liberación Nacional.