En la vida siempre hay que sacar algo positivo, hasta de las situaciones más complejas; la que vive la sociedad costarricense lo es.
Somos una sociedad “corporativizada”. Para quien no lo tenga claro, el corporativismo se define como la tendencia de un grupo o sector profesional de defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros.
La huelga promovida por la dirigencia sindical del sector público es sin duda una expresión de ese corporativismo, quizás agravado por actitudes personalistas de algunos dirigentes.
El país entró en la llamada era del acceso, como la define Jeremy Rifkin en su libro de ese nombre, donde ya la propiedad no es determinante para establecer el ingreso de cada uno, sino más bien el acceso a fórmulas que permitan incrementarlo. Sin embargo, las ideas de Rifkin se fundamentan en que ese acceso se da por mayor esfuerzo y contribuciones importantes a la sociedad.
Ese no es el caso respecto a los beneficios desmedidos que los exempleados y empleados públicos reciben o esperan recibir en el futuro, crisis aparte, motivador fundamental corporativista para declarar una huelga como se ha hecho, que atenta contra la estabilidad del país y la confianza en él como proveedor de bienes, servicios a nivel internacional y destino de inversiones.
Carencia de razones. No veo en el liderazgo sindical una motivación como la de destruir el sistema político-productivo-distributivo para crear otro; veo más bien corporativismo puro o ignorancia –con mayúscula– e irresponsabilidad de las consecuencias de los actos propios y de la colectividad ajena.
No es el caso ahora, pero también en ciertos momentos de la historia, no lejanos, ha sido evidente el comportamiento corporativista de otros gremios fundamentales del tejido socioeconómico del país. Eso nos divide, y como nación que (supongo) desea encontrar la senda del progreso sostenible y sostenido, nos perjudica.
Cualquiera sea el resultado de esta huelga (confío en que fracase, que el gobierno no afloje y que los diputados se comporten a la altura) espero sirva no solo para que el sindicalismo público se revise en sus fundamentos y propósitos. También para que el gobierno de la República, con el apoyo de las principales fuerzas políticas y socioeconómicas, promueva el diálogo, el debate, nunca discusión, entre los diferentes sectores de la sociedad costarricense, para lograr entendimientos. Esto debería ser producto de la sensibilización mutua y el entendimiento de los condicionantes del desarrollo, dentro de la fórmula ganar-ganar.
Planificación. Requiere para lo anterior el Estado una instancia capaz de aportar las predicciones de requerimientos en todos los campos del desarrollo, desde la acumulación primaria, hasta la distribución de los beneficios del desarrollo, en una democracia cada vez más vibrante, mientras se estimula el emprendedurismo y la economía de mercado, regulada para evitar excesos.
Esa instancia no es otra que la planificación, que desde 1983, cuando pasó a ser ministerio, viene en caída libre. La instancia planificadora debe convertirse en una de altísimo nivel que hoy no tiene, capaz de darle a la sociedad en sus diferentes expresiones los insumos que le permitan definir el rumbo, acompañarla en la implementación y ofrecer opciones renovadoras cuando sea oportuno. Es fundamental que el Ministerio de Planificación (Mideplan) vuelva a ser la Oficina de Planificación (Ofiplan) con rango ministerial, de la Presidencia de la República, pues solo así se respetaría.
La Ofiplan debe convertirse en la secretaría de un consejo nacional de participación de la sociedad costarricense en los asuntos de Estado.
El autor fue viceministro y ministro a. i. de Planificación.